Con motivo de la acertada decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) del uso de la nueva tecnología de comunicación para relacionarse con los profesionales del derecho, operadores de justicia y sociedad en general, han surgido varios problemas que no se ha tenido la entereza de enfrentar por parte de uno o de otros. La CSJ los evade, los profesionales del derecho evitan plantearlos, y no digamos ya la Fiscalía o la Procuraduría.
El primero es el hecho de que los jueces no mandan en las salas de justicia. Quien manda es el Ministerio de Gobernación y refuerzo mi afirmación cuando cito el ejemplo diario que ocurre en los juzgados. El defensor tiene que pedir permiso a un policía para poder hablar con su defendido, y eso es más grave de lo que aparenta, porque quiere decir que el juez no tiene autoridad y por consiguiente quien manda en la sala de justicia es Gobernación. No hay debido proceso, no hay derecho de defensa, no hay Estado Social de Derecho, lo que hay es sumisión de la justicia a la milicia.
El juez se siente humillado, simula, da una excusa, aparenta, pero en el fondo comprueba día a día que la verdad es una, quien manda en su juzgado, es el militar.
En ciertas ocasiones, cuando un reo es de importancia, o el caso ha tomado notoriedad, las salas de justicia son prácticamente prisiones militares. Nadie puede entrar o salir de la sala de justicia si no es revisado por la Policía. La intimidación es completa, armados con armas de guerra (ametralladoras) botas militares, chalecos, capuchas, todo como si se tratase de un operativo bélico, cuando es todo lo opuesto, de lo que se trata es desarrollar un acto supremo de civismo, o como decía Couture, “es implementar una serie de actos que se desenvuelven progresivamente, con el objeto de resolver, mediante un juicio de la autoridad, el conflicto sometido a su decisión”.
Hay otro lado doloroso: el incumplimiento a la orden judicial. Quienes determinan la sumisión de los ciudadanos a la ley son los jueces a través de sus decisiones. Pomposamente, nuestra Constitución dice que “las sentencias y resoluciones judiciales son de ineludible cumplimiento”. En Nicaragua lo son cuando la Policía quiere cumplirlas y cuando no quiere le dice al beneficiario: “Que el Ministerio de Gobernación va a estudiar la sentencia y la ejecución se suspende”. Esa realidad retrata de cuerpo entero la inseguridad jurídica que se vive en el país. Porque donde se revisan por los militares las órdenes judiciales, los códigos están bajo el cañón de las armas.
La Corte Suprema conoce a fondo de esa situación pero finge ignorarla, sabe que no manda, está clara que eso es ilegal, pero no se hace nada por detener semejante atropello a la Constitución y al Estado de Derecho.
¿En qué sale perjudicado el Ministerio de Gobernación si un juez ordena que un reo sea examinado por un médico forense por padecer de diabetes crónica? ¿Por qué no se cumple con la orden de libertad de un reo que ya cumplió la pena? Las reiteradas citas de garantías constitucionales de sentencias de la Corte Europea de Derechos Humanos, de tratadistas y de teorizantes de Derecho Constitucional, que los honorables magistrados acogen en sus sentencias, se estrellan como basura en la puerta del Sistema Penitenciario. La ruptura del hilo constitucional entre juzgar y ejecutar lo juzgado y la desobediencia militar trae la inseguridad que vivimos.
¿Por qué el ministro de Gobernación cuestiona las sentencias que firma la doctora Alba Luz Ramos? Sencillo, el ministro de Gobernación tiene las armas y la doctora Ramos tiene un código.
Las justificaciones extra sistémicas no satisfacen: Que son reos peligrosos. Que no están redactados. Que por la seguridad nacional deben de seguir presos. Son sofismas y pretextos que nada justifican.
En LA PRENSA leo que una colega, Nohemí Guerrero, que gestionaba en la Policía fue encadenada a una celda. Ella invocaba la Constitución. Los militares le contestaron con prisión y lesiones.
¡Que hable la CSJ!
El autor es abogado.