Corte Suprema de Justicia gasta más de 65 millones de córdobas en mantenimiento de vehículos

LA PRENSA buscó la versión del poder judicial en su momento, pero Roberto Larios, jefe de Relaciones Públicas, no contestó las llamadas ni mensajes

LA PRENSA/ARCHIVO

A la discrecionalidad con que la administración de la Corte Suprema de Justicia asigna el combustible a altos funcionarios y algunos empleados privilegiados, se suma la asignación de más de 65 millones de córdobas para el pago de mantenimiento y reparación de equipos de transporte y compra de llantas y neumáticos.

LA PRENSA buscó la versión del poder judicial en su momento, pero Roberto Larios, jefe de Relaciones Públicas, no contestó las llamadas ni mensajes que le fueron enviados. Además negaron la entrada a este Diario al edificio central de la CSJ.

En el Presupuesto General de la República, aprobado para esta institución este año, se destinan 48.8 millones de córdobas para el mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación, esta partida es menor a la que se destinó el año pasado para este mismo rubro que fue de 51.9 millones de córdobas, pero aun así es alto cuando se tiene su propio taller de mecánica.

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“Lo que pasa es que los vehículos de los magistrados en general y del administrador financiero y de cierto personal administrativo son vehículos modernos y los llevan a las casas comerciales, aunque ya se haya terminado la garantía y cobran grandes sumas de dinero”, dijo una fuente judicial.

El taller de mecánica de la CSJ está ubicado en la sede central, es un amplio espacio cerrado con malla metálica, donde trabajan varias personas, incluso, según una fuente judicial, el taller se ha ampliado mucho más en los últimos años.

El problema es que “la administración de la Corte está mandando a reparar algunos vehículos a talleres privados de Managua, que mandan unas facturas con costos exorbitantes”, refirió otra fuente judicial, que prefiere el anonimato por miedo a represalias.

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“Hay facturas de más de 100 mil córdobas, porque les meten cambios de repuestos y los ponen como que si les reconstruyeron el motor”, agregó la fuente.

“Eso sí”, comentó la fuente, “…no es todo vehículo el que mandan a reparar, te lo tiene que autorizar el administrador Berman Martínez, nadie controla a ese señor, hace y deshace con el dinero de la Corte, como si fuera de él. Lo llaman el magistrado número 17”, concluyó.

Para llantas y neumáticos

En los gastos corrientes del presupuesto de la Corte de este año se asignan 16.3 millones de córdobas para la compra de llantas y neumáticos, esto significa 1.5 millones más que lo designado en el presupuesto del 2017, que fue de 14.8 millones para este rubro.

La entrega de llantas y neumáticos para trabajadores con carros particulares ha venido reduciéndose en los últimos años, “porque antes era fiesta. Ahora solo que un magistrado o Berman te las autoricen te las dan, lo que al final vuelve a quedar en el círculo vicioso del conecte y la familia”, expresó otra fuente judicial.

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Este beneficio es reconocido plenamente por el poder judicial en una circular del 14 de febrero de 2018, pero aclara que se mantienen las restricciones, o sea, que en años atrás era más amplio.

En el numeral 15 de dicha circular dice: “Se ratifica la prohibición de efectuar gastos de mantenimiento, reparaciones, pago de llantas y baterías para vehículos que no son propiedad del poder judicial, se exceptúan jueces y médicos forenses que no tengan vehículos asignados para el desempeño de sus funciones y dispongan de sus vehículos para el servicio del poder judicial”, reza el comunicado.

“Derroche en combustible en CSJ es alarmante”

Leonardo Labarca, investigador de Presupuestos Públicos del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), expresó que los pocos recursos que tiene el sector público deben usarse de manera adecuada, porque su buen o mal uso repercute en el impacto que pueden tener las políticas públicas en el país.

Además, recalcó que esos recursos en combustible que están evidentemente altos “pueden servir para usarlos en otros programas más importantes dentro de la CSJ o en otros sectores, como Educación para brindar materiales educativos necesarios o en Salud en abastecimiento de medicamentos”.

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Labarca expresó que la Contraloría General de la República y la Asamblea Nacional son las instituciones que deben controlar o vigilar la forma en que las instituciones y otros poderes del Estado gastan el dinero del presupuesto.

“El marco jurídico de estas instituciones formales de vigilancia presupuestaria es muy bueno; sin embargo, no están contando con los recursos suficientes para hacer su trabajo y posiblemente sin la autonomía. En ese sentido, la Contraloría puede hacer auditorías financieras, operacionales e integrales para poder vigilar la eficiencia del gasto, pero actualmente no está auditando al ciento por ciento de las instituciones”, refirió el investigador del Ieepp.

La Asamblea Nacional tampoco está haciendo su labor de vigilancia, ya que no se reportan informes o análisis sobre las auditorías que realiza la Contraloría o análisis propio sobre el gasto público.

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Labarca también dijo que es necesario transparentar el uso de dinero del presupuesto público, “dar a conocer lo que realmente se ejecutó y esto tendría que estar reflejado en el informe de liquidación de forma detallada, pero no se hace.

Funcionarios viven otras realidades

El uso que la CSJ hace del dinero del presupuesto público “choca con la realidad económica de nuestro país, por esas malas acciones estamos en un país empobrecido. A los funcionarios no les basta con el megasalario que les dan, sino que les dan otros beneficios que contravienen con la realidad del pueblo”, dijo Pablo Cuevas, abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

El defensor de derechos humanos agregó que “ese dinero que derrochan en combustible debería utilizarse para contratar más defensores públicos porque los que están viven cargados de expedientes y aunque quisieran dar buen servicio a la población pobre no pueden por la carga de trabajo”.

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Cuevas refirió que no se puede obviar que en los últimos años ha habido avance en cuanto a la construcción de Juzgados en el país, pero hace falta invertir en casas de justicia en lugares rurales, para que la población humilde, empobrecida de la zona rural del país tenga más acceso a la justicia y disminuir la impunidad de delitos, refirió Cuevas.

“Derroche es alarmante”

Leonardo Labarca, investigador de Presupuestos Públicos del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), expresó que los pocos recursos que tiene el sector público deben usarse de manera adecuada, porque su buen o mal uso repercute en el impacto que pueden tener las políticas públicas en el país. “…Encontrarnos con que hay un derroche de dinero sin sentido en combustible por parte de un poder del Estado es alarmante. Este tipo de partida es el que más se tiene que fiscalizar, ya que se puede ahorrar mucho dinero el Estado”, dijo Labarca.

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millones de córdobas es la cantidad más alta asignada en los últimos cinco años en la Corte Suprema de Justicia, para el pago de reparación y mantenimiento de vehículos y compra de llantas.

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