A más de 20 millones de córdobas asciende el saqueo sandinista a la Alcaldía de Camoapa, el cual fue revelado el viernes, a través de un extenso informe legal y financiero, presentado durante la primera sesión ordinaria del nuevo Gobierno local, presidido por la alcaldesa Gretcheng Martínez.
Durante la sesión fue presentada la “Asesoría de Análisis Financiero”, realizada a las cuentas de la Alcaldía, en el cual se reveló un déficit de 4.8 millones de córdobas que dejó la administración anterior, asimismo, una deuda de 989,097.56 córdobas con el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
Además, de otra deuda de 3.6 millones de córdobas que se pagará al Ministerio de Hacienda y Crédito Público en concepto de calles para el pueblo.
Lea además: Alcaldesa Reyna Hernández denuncia “desmadre” en Alcaldía de Wiwilí
A esto se suma la pérdida de 32 escrituras de propiedades de la Alcaldía de Camoapa, las que según el asesor legal de la comuna, Martín Gadea, asciende a aproximadamente 15 millones de córdobas, puesto que son propiedades construidas por la municipalidad y cedidas a otras instituciones estatales.
Entre ellas, el Parque de Ferias Municipal, una casa para el Museo Comunitario, un Centro Tecnológico y el Centro de Educación Infantil Solidaridad. Asimismo, las escrituras del terreno comprado para la Barrera Municipal de Camoapa, el cual costó 42,000 dólares, esta última aún se desconoce si fue traspasada a otra entidad.
Lea más en: FSLN deja en bancarrota a alcaldías opositoras
“En las últimas propiedades entre 2016 y 2017, el monto podría andar en los 15 millones de córdobas”, agregó Gadea.
El asesor financiero Juan Bautista Vílchez explicó que la situación económica de la Alcaldía de Camoapa no cabe en el marco legal, puesto que la Ley de Régimen Presupuestario Municipal (Ley 361), en su artículo 11, menciona que los egresos no pueden superar los ingresos, es decir, no puede haber déficit.
Asimismo, dicha Ley explica en su artículo 49, que la Alcaldía solo puede contraer obligaciones que se realicen durante el año propio del ejercicio presupuestario, es decir, no arrastrar deudas cada año.
Abstención de sandinistas sobre auditoría
Durante la sesión, concejales de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) pidieron la aprobación para pedir una auditoría de la Contraloría General de la República (CGR), a lo cual los nueve concejales del Frente Sandinista, entre ellos, la exalcaldesa Teresa Rodríguez, se abstuvieron de votar.
Al terminar la sesión, Rodríguez no quiso brindar declaraciones a los medios. “No es que se niegue (la auditoría), es que por imperio de ley caen las auditorías”, dijo escuetamente al salir de la actividad.
Lea más en: Denuncia saqueo de Alcaldías donde ganaron opositores
Aunque, durante sus alocuciones, Rodríguez mencionó que ella misma pidió una auditoría del año 2017, en sus últimos días a cargo de la comuna. “Tranquilos, aquí estamos nosotros para responder, no hemos robado y los robos se prueban con las resoluciones administrativas dictadas por la Contraloría General de la República”, refirió.
Para la alcaldesa Martínez, la actitud de su predecesora es contradictoria, al abstenerse de votar sobre el tema de la auditoría. “Se abstuvieron, no sé cómo dice ella que ya solicitó la auditoría. ¿Y por qué no votó ahorita que nosotros la estábamos pidiendo que la hagan nuevamente? Mucho palabrerío, mucho bla bla, parece que están acostumbrados a eso, a mí me gusta ser directa y no ando con tanto discurso para no decir nada al final”, añadió.
Podrían acusar por la vía administrativa
Martínez señaló que el despojo sufrido a los bienes municipales seguirá por la vía administrativa. “(Aunque) nosotros estamos claros cómo es el asunto, aquí no hay que tapar el sol con un dedo, sabemos quién es el Gobierno (central), sabemos que les van a tapar los trapos sucios a su gente, sabemos que si fuéramos nosotros nos señalan de cualquier cosa”, subrayó.
Al respecto, el asesor legal de la comuna destacó que para acusar de responsabilidades jurídicas a algún funcionario, se necesita una auditoría de la CGR, asimismo que el Gobierno central podría imponerles una mediación a través de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (Dirac).
Le puede interesar: Más denuncias de saqueo en alcaldías opositoras
“El panorama legal ante esa situación podría ser, número uno, sanciones administrativas, la sanción administrativa sería rectificar los montos y cargarlos como deudas a esas personas; número dos, sanciones que irían desde la imposibilidad de sus cargos y número tres la posibilidad de un proceso penal”, explicó Gadea.
De acuerdo con la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema de Control de la Administración Pública y Fiscalización de los Bienes y Recursos del Estado (Ley 681), en su artículo 75, detalla que: “Los servidores públicos de las entidades y organismos de las Entidades y Organismos de la Administración Pública son responsables ante el Estado de los perjuicios que causaren por el abuso, negligencia u omisión en el ejercicio del cargo”.
Liquidación millonaria
Durante la presentación del informe se señaló el pago de 1,232,102.25 córdobas en concepto de indemnizaciones a 22 trabajadores de la comuna, entre ellos, la exalcaldesa Rodríguez, cuya liquidación fue de 132,992.15 córdobas, puesto que se le pagaron 150 días de vacaciones.