Policía Nacional se niega a acatar sentencia judicial y devolver propiedad

Hazel Layjane Carrión Ríos demanda la entrega del módulo M-11, que ella había alquilado y que luego la Policía ocupó como bienes vinculados al narcotraficante colombiano Amaury Paudd Carmona Morelos o José Alberto Ruiz Cano.

En abandono está el módulo M-11, en Bello Horizonte, donde hace meses funcionaba una subdelegación policial. LA PRENSA/W. LÓPEZ

A pesar que en septiembre del 2017 la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió levantar el depósito judicial de dos módulos ubicados en Bello Horizonte, en Managua, la Policía Nacional aún no responde al reclamo de devolución de uno de los mismos.

Hazel Layjane Carrión Ríos demanda la entrega del módulo M-11, que ella había alquilado y que luego la Policía ocupó como bienes vinculados al narcotraficante colombiano Amaury Paudd Carmona Morelos o José Alberto Ruiz Cano.

Carrión explicó que al igual que otro afectado, Ricardo Pérez Centeno, recurrieron de casación ante la Corte Suprema de Justicia y la Sala Penal dio lugar a ese recurso, pues demostraron ser los propietarios legítimos y obtenidos de manera lícita.

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En el caso de Pérez, explica la sentencia, este demostró que Ruiz pagaba mensualmente con cheque el arriendo.

El módulo reclamado por Carrión fue ocupado por la Policía Nacional desde el 2009, como parte de las investigaciones realizadas durante un proceso judicial que le siguió al narcotraficante colombiano, detenido hasta el año pasado.

Instalan subdelegación en propiedad ajena

Posteriormente creó una subdelegación policial más conocida en el sector de Bello Horizonte, como “Preventiva”, pero que actualmente no es utilizada y según la denunciante más bien está en abandono.

El local funcionaba como un karaoke, negocio propiedad del colombiano detenido en febrero del año pasado, poco más de siete años después de una emboscada realizada en Walpasiksa a miembros de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua y de la Policía Nacional y que se le atribuye ser el dirigente de la misma.

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“Es extraño porque devolvieron la discoteca grande que es de doña Reyna, pero del mío no han dado explicación por qué no lo devuelven”, dijo Carrión, quien sugirió que en ese otro caso las autoridades entregaron de inmediato el bien porque aparentemente esa persona está vinculada a un ministro del Gobierno.

A su vez, “en ese módulo (el de su propiedad) existe un bien del cual a ellos (a la Policía) se les facilitó (adquirirlo), no sé, será por eso que no lo devuelven”, dijo Carrión, pero indicó que en el expediente sobre las investigaciones seguidas a Ruiz Cano nunca fue mencionado.

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Se trata de un generador eléctrico adquirido por el mismo Ruiz, el 26 de agosto del 2009, según copia de la factura comercial extendida por la compra del mismo. El precio por el cual fue adquirido el generador en ese momento fue de 942,289 córdobas.

Carrión aclaró que ese generador no es suyo y por tanto ella no tiene interés en quedárselo. No obstante, insistió en su demanda que la Policía le devuelva el módulo que cuando ella lo adquirió les costó alrededor de 33 mil dólares.

Granera fue notificada de la sentencia judicial

Existe una comunicación suscrita por el secretario de esa sala, José Antonio Fletes Largaespada, fechada el 12 de enero del presente año, en la que le notifica a la directora de facto de la Policía Nacional, primera comisionada Aminta Granera, que la Sala Penal declaró con lugar a un recurso de casación presentado por Hazel Layjane Carrión y Ricardo Pérez Centeno en referencia a los módulos.

Fletes le dice a Granera que con instrucciones de la Sala Penal de ese tribunal y en cumplimiento de la sentencia dictada a las 9:00 a.m. del 12 de septiembre del 2017 en el recurso de casación número 0179-0517-09, presentado por Carrión y Pérez, “en calidad de terceros de buena fe”, se ordena levantar el depósito judicial.

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“Dicho recurso fue declarado con lugar y en la misma se ordena levantar el depósito judicial, el cual se da por terminado, al efecto se le remite certificación de dicha sentencia todo para sus efectos legales y se proceda como en derecho corresponda”, señala Fletes a Granera.

La notificación fue recibida en la Policía el 15 de enero a las 3:30 p.m., sin embargo, la Policía aún no responde a la demanda de Carrión.

Policía no quiere entregar módulo

“De todos los bienes ocupados en aquel entonces (la Sala) solo decidió devolver (…) estos dos módulos y se pronunció con relación a un vehículo. ¿Qué pasa? La Policía no quiere entregar uno de esos módulos”, expresó Carrión.

El vehículo al que hace referencia Carrión se trata de una camioneta doble cabina, vendida al crédito a Ruiz, por una empresa vendedora de autos, la que no fue decomisada, pero sí entregada en depósito al secretario administrativo de la CSJ, Róger Espinoza, “cuya situación no ha sido definida”.

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Esto porque Ruiz dejó un saldo pendiente a pagar de 368,892 córdobas.

“El concesionario que vende y se desprende del vehículo ya no es dueño”, dice la Sala Penal, que determina que el derecho que tiene la compañía vendedora “es de hacer efectivo el saldo y perseguir la prenda u otro bien por la vía civil correspondiente, que puede terminar con una adjudicación del bien”.

A pesar del oficio girado por la Sala Penal a Granera, Carrión señala que la Policía le alegó que harán una consulta a la CSJ, para determinar “si lo pueden o no devolver”, el módulo.

Antecedentes de Ruiz Cano

En una publicación efectuada en julio de 2012 por el organismo dedicado a la investigación de temas relacionados con seguridad y defensa InSight Crime, señala a Amaury Paudd Carmona Morelos o Alberto Ruiz Cano como dueño del club nocturno de Managua “Mr. Sponge”, el cual usaba para lavar dinero producto del narcotráfico.

Igualmente, utilizaba el negocio como un centro de reuniones para negociar el movimiento y compra de cargamentos de droga. Aunque dice que “su base de operaciones” estaba en Walpasiksa, Caribe Norte.

InSight Crime señala que, según información de fuentes internacionales de inteligencia, Ruiz se movilizaba continuamente hacia Honduras y desde ahí hacia San Andrés, Colombia.

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