El problema de las exoneraciones

El Fondo Monetario Internacional (FMI) es una especie de asesor institucional internacional privilegiado del régimen de Daniel Ortega y, por tanto, sigue teniendo influencia en las políticas macroeconómicas de Nicaragua.

presos políticos, Nicaragua, crisis, protestas

El Fondo Monetario Internacional (FMI) es una especie de asesor institucional internacional privilegiado del régimen de Daniel Ortega y, por tanto, sigue teniendo influencia en las políticas macroeconómicas de Nicaragua.

En particular el FMI recomienda medidas macroeconómicas que debe aplicar el Gobierno para mantener la sanidad financiera, presupuestaria y fiscal, a fin de evitar las catástrofes económicas que ha sufrido Nicaragua en el pasado, la peor de ellas precisamente durante la primera dictadura de Daniel Ortega, en los años ochenta.

Actualmente, una de las principales recomendaciones del FMI es suprimir o regular las exoneraciones fiscales. Según datos del Gobierno, hasta 2010 (desde entonces se oculta la información) el costo de las exoneraciones equivale al 7.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), una enorme cantidad de recursos monetarios que según los críticos deberían ser asignados a las obligaciones sociales del Estado.

En teoría, las exoneraciones fiscales son para incentivar las inversiones, mejorar el clima de negocios, aumentar la productividad y la producción, crear más empleos, mejorar los salarios y reducir los índices de pobreza. En la página electrónica de ProNicaragua, la entidad oficial promotora de inversiones extranjeras se dice que “el Gobierno de Nicaragua ofrece generosos incentivos fiscales para sectores orientados a la exportación incluyendo zonas francas, y otros como turismo, minería y forestal”. Y se detallan a continuación los diversos incentivos.

Pero, ¿cumplen realmente las exoneraciones fiscales en la DGI y la DGA los propósitos declarados de interés nacional, o como dicen los críticos, son desviadas y utilizadas para favorecer intereses particulares?
En octubre del 2016, durante una visita a Nicaragua el director del FMI para el Hemisferio Occidental, Alejandro Werner, este declaró que “en términos de exenciones fiscales, nuestra recomendación (del FMI) a la región es, obviamente, que sean eliminadas, porque crean distorsiones muy importantes. Producen una mala asignación de capital y de otros recursos productivos”. Tres meses antes, el director por Nicaragua del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Silvio Conrado Gómez (fallecido el sábado pasado a causa de un infarto cardíaco), sostuvo que era necesario discutir seriamente el problema de las exoneraciones.

“Muchas de estas exoneraciones vienen de mucho tiempo atrás, donde tal vez tuvieron una justificación, pero ya no necesariamente la tienen porque las condiciones ya cambiaron, o porque no cumplieron el objetivo para el cual fueron autorizadas”, aseguró Conrado Gómez.

Sin duda que la discusión seria de la que hablaba el extinto directivo nicaragüense del BCIE, es necesaria para poner en claro la distribución y utilidad de las exoneraciones, pero también para saber quiénes las reciben, cuál es su monto, a qué se destinan, cuánta inversión y empleo generan, cuál es el destino de su producción, etc. Algo que, dicho sea de paso, debería hacerse de acuerdo con el artículo 286 de la Ley de Concertación Tributaria, pero el Gobierno no lo cumple.

Se ha informado que el director del FMI para el Hemisferio Occidental volverá dentro de poco a Nicaragua. De manera que seguramente otra vez se le volverá a plantear al Gobierno el controvertido tema de las exoneraciones.

×

Apoye el periodismo independiente. Lo invitamos a compartir este contenido.

Comparte nuestro enlace: