El Salvador registró en 2017 una sensible baja en los asesinatos, pero la violencia entre agentes estatales y pandilleros ha evolucionado al grado de llevar al país a un conflicto armado de “baja intensidad”, de acuerdo con el ministro de la Defensa, David Munguía Payés.
Esta es la primera vez que un alto funcionario admite esta situación y reconoce el poder armado de las pandillas para enfrentar a los cuerpos de seguridad, pese a que el Ejecutivo de Salvador Sánchez Cerén se embarcó en abril de 2016 en una “guerra” contra estas estructuras con las medidas “extraordinarias” de seguridad.
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“El actuar de la criminalidad ha sobrepasado la raya del área seguridad pública y estamos entrando en otro tipo de conflicto que nosotros llamamos de baja intensidad”, señaló Munguía Payés en conferencia de prensa a inicios de febrero.
El ministro, partidario de liberar al Ejército en las calles para combatir la problemática de la inseguridad, sostuvo que El Salvador enfrenta situaciones de seguridad que “no son ordinarias”, porque policías y soldados registran a diario enfrentamientos con las estructuras criminales.
“En ningún país del mundo la Policía tiene dos o tres enfrentamientos a diario con gente armada y nosotros sí los estamos teniendo acá”, acotó el militar, quien manifestó que el Ejército, que tiene desplegados más de 13.000 elementos, está listo para “cualquier misión”.
Poder territorial
Estas palabras, que se salen del guión de los funcionarios de seguridad de destacar la baja en los asesinatos y negar el poder territorial de las pandillas, fueron en reacción a un ataque de las pandillas en la capital que dejó a un policía muerto y a otros 8 heridos.
La ofensiva gubernamental iniciada en 2016 venía gestándose con la llegada al poder en 2014 de Sánchez Cerén, excomandante de uno de los principales grupos guerrilleros durante la guerra civil (1980-1992), y que marcó la asunción de una estrategia de ser duros y resistir.
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La misma dio paso a las medidas “extraordinarias” tras la masacre de 11 civiles en el centro del país y la escalada de los asesinatos que arrastraba la nación desde 2015, año que se colocó como el más violento de la historia reciente salvadoreña.
Con estas medidas, enfocadas principalmente en aislar a los líderes de las pandillas en las prisiones con un fuerte régimen de seguridad, calificado como “inhumano” por la ONU, y de cazar a los pandilleros libres, se dio al traste con la estrategia del antecesor de Sánchez Cerén, Mauricio Funes (2009-2014), quien apostó por una tregua y la negociación.
Diferentes sectores señalan que entre los efectos más inmediatos de las medidas se encuentra la subida en el número de reyertas, pero principalmente en la cifra de pandilleros muertos en estos tiroteos, sin olvidar las crecientes sospechas de ejecuciones extrajudiciales encubiertas como enfrentamientos armados.
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El número de pandilleros muertos en tiroteos con la Policía se disparó al pasar de 285 en el 2015 a 603 en 2016 y en 2017 la cifra se quedó en 413, lo que contrasta con las muertes registradas entre 2008 y 2014, que totalizaron apenas 151.
Objetivo: Minar la moral de los agentes
La respuesta de las pandillas, con alguna desventaja por la falta de armas y menor entrenamiento que las fuerzas estatales, se ha dado en los ataques focalizados contra los uniformados, golpes que apuntan a minar la moral de los agentes.
Solo la Policía registró entre 2015 y 2017 un total de 156 bajas, mientras que los soldados llegaron al menos a los 70, la mayoría ultimados por pandilleros cuando se encontraban de licencia, según las autoridades.
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Pese a la dureza de la política de seguridad, las pandillas tienen el potencial de continuar matando e intensificar los enfrentamientos, gracias al control territorial que ejercen y el número de “soldados” a su disposición, unos 60.000 según cifras oficiales.
Otros factores a su favor son los flujos de dinero que tienen mediante las extorsiones y el narcotráfico, y el entrenamiento que algunos de sus miembros han logrado al infiltrase en las fuerzas del Estado.
Esta capacidad de manipular los índices de asesinatos de civiles y uniformados quedó en evidencia a finales de 2016, cuando una ola de homicidios de policías empañó la baja de las muertes violentas, y también por la tendencia alcista de los crímenes que se registra desde diciembre de 2017.
Recientemente, dos agentes de la seguridad municipal de una localidad cerca a la capital resultaron heridos al explotar un coche bomba abandonado en una carretera, lo que permite suponer la búsqueda de otras formas de atacar por parte de las pandillas.