La Ley Roberto Rivas

Daniel Ortega, que es uno de los ejemplos más elocuentes de las conductas reseñadas, propinó un manotazo más, con la imposición de una reforma a la Ley Electoral. Esta no es una ley ordinaria, sino que se califica como de rango constitucional.

¿Vamos por buen camino?

Los psicoanalistas sostienen que el ejercicio prolongado del poder genera patologías, esto es, enfermedades mentales que se expresan, entre otras conductas, en el afán del cabecilla de concentrar más y más poder. Se expresa también en sus afanes de perpetuación y en la convicción, que va afianzando en su mente, de que todo lo puede. Que nada se encuentra por encima de su voluntad.

Únicamente la ley, las instituciones y balances sociales resultantes de una sólida cultura ciudadana, pueden neutralizar o contener estos impulsos. Es lo que demuestran las democracias consolidadas.

Desgraciadamente, a lo largo de nuestra historia, sobran ejemplos de estas patologías. Como pueblo, las sufrimos en el siglo XIX, en el siglo XX y ahora, en el siglo XXI. Cierto es que también la historia registra excepciones honorables, pero son solo excepciones. Lo que ha prevalecido es el caudillo que se entroniza, excluye, aplasta y pretende perpetuarse por distintos medios, desde argucias legales, a los fraudes flagrantes o al uso puro y duro de la fuerza. Al final llega la tragedia.

La llamada paz de los 30 años, en el siglo XIX, colapsó ante las pretensiones continuistas de Roberto Sacasa. Pretensiones que desembocaron en un levantamiento armado que llevó al poder, en 1893, a José Santos Zelaya. Zelaya impuso una dictadura de casi 16 años, hasta que una nueva guerra, junto a la intervención norteamericana, lo desplazaron de la presidencia. El país quedó intervenido por años. Las ambiciones continuistas de Emiliano Chamorro desataron nueva guerra y nueva intervención extranjera, en 1926. Lo demás es historia más cercana: Sandino, el somocismo, la insurrección popular contra Somoza, la guerra de los ochenta, los empeños por construir un régimen democrático por primera vez en nuestra historia, y ahora, de nuevo en el mismo hoyo.

Este es el telón de fondo que nos debe servir para interpretar el presente, y para leer cada una de las maniobras del mandamás de turno.

Ortega, que es uno de los ejemplos más elocuentes de las conductas reseñadas, propinó un manotazo más, con la imposición de una reforma a la Ley Electoral. Esta no es una ley ordinaria, sino que se califica como de rango constitucional. Toda reforma legislativa, más aún en materia electoral, debería ser objeto de reflexión, debate y consulta pública. Pero un régimen dictatorial no entiende de esos trámites y Ortega se llevó en el saco hasta los colaboracionistas que le siguen el juego en la Asamblea Nacional.
La reforma se presentó, se tramitó y se aprobó en unas cuantas horas, de golpe y porrazo.
¿Cuál es el contenido de la reforma?

Quitar facultades sustantivas al presidente del Consejo Supremo Electoral y trasladarlas al vicepresidente. Entre esas facultades están la de administrar el presupuesto, designar personal, librar cheques, etcétera.

¿Qué razones provocan la reforma?

La ley bien podría llamarse “ley Roberto Rivas”, porque se origina en las circunstancias personales de este jerarca del régimen.

Ante las sanciones impuestas por la administración norteamericana, Rivas no está en posibilidad de gestionar administrativamente el poder del estado que encabeza, pues el sistema bancario ni siquiera admite su firma. Por consiguiente, le quitaron a la representación legal. Un completo absurdo, que el presidente de un poder del Estado no ejerza la representación legal del mismo.

Esta triquiñuela legal solo puede significar dos cosas: La primera es que Ortega no se propone quitar, por ahora, a Roberto Rivas y busca mantenerlo como carta de negociación en sus arreglos con Almagro y en sus estratagemas ante los gringos. Mientras tanto, se asegura el funcionamiento normal del órgano electoral.
La segunda es, si las presiones lo obligan, reservarse la posibilidad de designar a un nuevo presidente del poder electoral con un rostro amable y tonto, que cumpla una función decorativa mientras el poder real lo ejerce desde la vicepresidencia un fiel servidor al régimen.
Ya veremos.

¿Y cuál es el propósito de esta apresurada reforma?
Obviamente es una maniobra que se inscribe en la estrategia que el régimen está implementando con dos objetivos: de un lado, neutralizar las amenazas que provienen de Estados Unidos y, por otro, posibilitar, con la complicidad de la secretaría general de la OEA, condiciones que le permitan adornar el escenario electoral del 2021 de manera tal que se asegure la continuidad de su régimen. Una vieja artimaña.

Pero hay un asunto de más fondo. Con esta maniobra Ortega muestra que no ha cambiado su juego y que sigue con el mismo mazo de cartas marcadas y su conocido estilo. Para quienes ilusamente piensan que de forma mágica se van a producir cambios institucionales para una elección democrática en el 2021, Ortega les propinó un puntapiés en la chimpinilla.

¿Le interesa a Ortega guardar formas o procedimientos? ¿Le interesa a Ortega cumplir con la ley? ¿Le interesa a Ortega avanzar hacia condiciones democráticas? ¿Le interesa alguna negociación con sus colaboracionistas o con opositores?
Se engaña el que quiere engañarse.

Además, les levantó la cobija a quienes de mala fe y con el fin de congraciarse con Ortega, alientan el estado de opinión o la expectativa de que una negociación es posible o inminente.

Ningún cambio caerá del cielo. Las presiones externas son insuficientes. Ortega únicamente hará concesiones con movilización y presión interna. Y no hay posibilidades de presión interna sin una propuesta que efectivamente despierte la confianza y el respaldo de la mayoría de la población.
Así de sencillo. Y así de difícil.

El autor es exdiputado.

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