Otra denuncia contra Gobernación por detención ilegal

El judicial ordenó la libertad del reo por vencimiento de término, es decir que ya agotó los seis meses que debe durar el proceso penal con reo detenido, pero aún no hay sentencia porque no ha podido celebrar el juicio por falta de constitución de jurado de conciencia

Segundo Barcia es otro familiar que se queja contra los abusos del Ministerio de Gobernación, que no cumple con las órdenes de libertad dada por jueces. LA PRENSA/ M.VÁSQUEZ

Muy conmovido, Segundo Adán Barcia, de 71 años, por la impotencia que le da saber que su hijo Moisés Martín Barcia Marín tiene orden de libertad desde octubre del 2017 y las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional no se lo entrega porque Gobernación dice «que el caso está en revisión».

El joven de 19 años tiene orden de libertad emitida por el juez de juicio Ernesto Rodríguez, titular del Juzgado Sexto Distrito Penal de Juicio de Managua.

El judicial ordenó la libertad del reo por vencimiento de término, es decir que ya agotó los seis meses que debe durar el proceso penal con reo detenido, pero aún no hay sentencia porque no ha podido celebrar el juicio por falta de constitución de jurado de conciencia.

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En este sentido, la ley dice el acusado debe enfrentar el proceso judicial en libertad, pero los funcionarios de Gobernación no cumplen con el mandato judicial.

El juicio está programado para el 21 de febrero de 2018 y tanto la Fiscalía como el judicial y su defensa Karla Nicaragua saben que el joven de 19 años sigue preso en La Modelo.


Gobernación en rebeldía permanente 


La Sala Penal Número Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua resolvió a favor del detenido un recurso de exhibición personal por detención ilegal contra el alcaide del Sistema Penitenciario y nombró como juez ejecutor a Oscar Miranda quien informó que la oficial Rosa Rojas le manifestó que el reo «no podía ser puesto en libertad porque su caso estaba en revisión y que eran procedimientos de orden administrativo, que eran órdenes de arriba  y que por tal motivo no podía ser liberado».

Ante tal rebeldía, la Sala Penal Uno del TAM mandó certificación a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para que informe al respecto al Poder Ejecutivo e intimen a las autoridades correspondientes.