Torturas, ejecuciones, amputaciones que no podemos olvidar

No podemos olvidar. Aquí no se trata de alegar la inocencia o culpabilidad de nadie, sino de exigir que la autoridad se comporte con las normas que establece la ley

22/02/2018
periodismo
Juan Lanzas

La brutalidad policial tuvo nombre este mes: Juan Lanzas. Este es un campesino de Cerro Colorado, Matiguás, que hasta diciembre pasado vivía de lo que sembraba en su parcela. Montaba a caballo o bailaba en las fiestas familiares, tal como se ve en algunas fotografías. Un mal día llegó a su casa una patrulla de Policía y lo golpearon salvajemente acusándolo del robo de unas bombas para fumigar. Lo tiraron a una mazmorra insalubre. Los pies se le gangrenaron por la golpiza. Cuando llegó ante el juez se desmayó de tan mal que iba y solo así pudo recibir atención médica. Ya era muy tarde. Le cortaron ambos pies. No volverá a trabajar. Ni bailar. Tiene cuatro hijos menores que mantener. Era, se supo luego, inocente del robo que le acusaban.

Nixan Zambrano

Nixan Zambrano tenía apenas 23 años. Estaba en quinto año de ingeniería civil en la UNI y era miembro de un partido opositor. En las elecciones de noviembre pasado se le vio apoyando activamente al candidato a alcalde para San José de Bocay de CxL, Erlis Torres. Ganaron la alcaldía pero se las robaron. Nixan preparó el informe que se presentó ante diversos organismos para demostrar el fraude. Su mala hora ocurrió la noche del 2 de enero cuando lo emboscaron a balazos mientras viajaba en moto. Pocas horas antes, otro compañero de partido también fue atacado a balazos en lo que siempre pareció un plan de sicariato político. Ambos quedaron heridos. Nixan murió el seis de febrero pasado. La policía no investigó, ni inició proceso ni detuvo a nadie por el crimen.

Andrés Cerrato

Andres Cerrato era otro campesino de Ayapal, Jinotega, que en los años ochenta anduvo en la Contra. Para estos tiempos se dedicaba a promover derechos humanos en su comunidad y era activista de Partido Liberal Independiente, el de antes. El Ejército siempre lo acusó de apoyar los grupos políticos armados que públicamente desconoce. Tan amenazado se sentía que pronostico su muerte: El Ejército me va a matar, dijo. Un mes después de esa entrevista a LA PRENSA lo mataron. La madrugada del 18 de abril de 2016 hombres en uniforme militar llegaron a su rancho, lo sacaron y ya en la mañana los vecinos lo encontraron muerto, con ambos brazos quebrados, la lengua cortada, un tajo en la garganta, la pierna derecha quebrada, una cuchillada en el estómago y un balazo en el brazo izquierdo. No hubo investigación, ni proceso ni culpables.

Carlos García

Carlos García también fue contra. Simpatizante del viejo PLI, en el Sarayal, Jinotega. Vivía relativamente bien. Tenía 20 manzanas de café y dos camionetas. También lo acusaban de apoyar a los grupos armados. El 25 de julio de 2014, un incidente sospechoso en su propiedad le hizo ir a una embocada. Le dispararon de lejos. Un solo balazo. Tal vez un francotirador. El balazo le partió el corazón. Su esposa dice que en las cercanías encontró una patrulla de la Policía y le pidió que llegaran, que todavía podían atrapar a los asesinos. Los policías, según la viuda, le dijeron que esa no era su jurisdicción y se fueron. Nunca hubo investigación. Nunca hubo culpables.

Ciudad Antigua

El domingo 6 de noviembre de 2016, día de elecciones presidenciales, tres campesinos de Ciudad Antigua, Nueva Segovia, fueron asesinados salvajemente en sus parcelas. Fueron degollados, y tenían señales previas de tortura: cuchilladas en los pies y otras partes del cuerpo, dos de ellos tenían las piernas y los pies quebrados y todos presentaban varias perforaciones de balazos y charneles en su cuerpo. Eran opositores. José Nahúm Mendoza Arriola, y su yerno Margarito Mendoza Sevilla, originarios de Ciudad Antigua. Armando López, de Totogalpa, Madriz. La policía dijo que eran narcotraficantes y supuso que los asesinos debían ser otros narcotraficantes. La familia acusó de estas muertes al Ejército y la Policía y llevaron una denuncia ante la Fiscalía. No se las recibieron. Tampoco hubo proceso ni detenidos. Como que si nadie murió.

Violencia

La lista es larga. Los niños de la Cruz de Río Grande, los muchachos de OcupaINSS, la mochila bomba de Pantasma, los torturados de Punta Gorda y otros más. Saña. Brutalidad. Acusaciones al aire sin demostrar nada. Impunidad. No podemos olvidar. Aquí no se trata de alegar la inocencia o culpabilidad de nadie, sino de exigir que la autoridad se comporte con las normas que establece la ley y no con los escrúpulos delincuenciales de una mara que controla al Estado. No se pueden justificar las torturas o las ejecuciones alegando que alguien es delincuente y punto. Cuando ya no hay normas que regulen el comportamiento de la autoridad, cuando se da licencia para la violencia al margen de la ley, se comienza matando a presuntos criminales, se avanza luego a los adversarios políticos y se termina cortándoles las piernas a inocentes. ¿Ya llegamos a este punto?

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