A la periodista Martha Vásquez Larios, responsable de la cobertura informativa de LA PRENSA en el sector judicial, le han prohibido “por orden superior” el acceso a los Juzgados de Managua, vulnerando su derecho de informar y coartándole la libertad de trabajar.
Esta medida arbitraria es una represalia contra la periodista Vásquez Larios, porque escribió y publicó en LA PRENSA unos reportajes sobre el derroche de recursos presupuestarios en la Corte Suprema de Justicia. No han sido informaciones originadas en rumores y mucho menos inventadas, sino fundadas en datos del Presupuesto General de la República según los cuales este año la Corte Suprema de Justicia asignó más de 100 millones de córdobas para combustibles y lubricantes; y más de 60 millones para el pago de reparaciones mecánicas y compra de llantas y otros repuestos.
Pero no es la primera vez que la periodista Vásquez Larios es víctima de la represión de la cúpula del poder judicial. Desde el año pasado le ha sido negado el acceso a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia, después que publicó en LA PRENSA varios reportajes sobre el gasto millonario de esta institución en la renovación del parque vehicular y compra de vehículos de lujo, sin que hubiera una necesidad real de tales dispendios. Tampoco en ese caso la periodista mintió ni se basó en rumores, sino en datos presupuestarios y la confirmación del secretario general administrativo de la misma Corte Suprema de Justicia.
El de Martha Vásquez no es el único caso de atropellos a la justicia, los derechos y la libertad de los nicaragüenses, por parte de la institución del Estado encargada precisamente de aplicar la justicia y velar por el respeto a los derechos de todos los nicaragüenses, según lo establecido en el artículo 160 de la Constitución de Nicaragua.
La Corte, con represalias como las que ha tomado contra la periodista judicial de LA PRENSA, viola los artículos 66 y 67 de la Constitución que reconocen y protegen el derecho de información, el cual —dice el texto constitucional— “no puede estar sujeto a censura”, solo “a responsabilidades ulteriores establecidas en la ley”.
También la Ley de Acceso a la Información Pública garantiza en su artículo 46 el ejercicio del derecho de los medios de comunicación, y por lo tanto de los periodistas, a acceder a todas las informaciones sobre los órganos y entes del Estado. A lo cual habría que agregar las garantías a la libertad de prensa y derecho al trabajo establecidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos, que dicho sea de paso están incorporadas a la legislación nacional.
Según informó ayer LA PRENSA, el lunes de esta semana los magistrados Rafael Solís y Armengol Cuadra dijeron a la periodista Vásquez “que no había prohibición de su parte para que ingresara a las audiencias y que podía visitar normalmente las instalaciones del poder judicial”.
Pero la verdad es que no le permiten ingresar a las instalaciones judiciales. Lo que debería hacer la Corte en vez de reprimir a la periodista y coartar la libertad de información, es explicar la lógica y el detalle de esos gastos tan cuantiosos, mientras se habla de austeridad. Se trata de recursos públicos, dinero de los ciudadanos, no de los magistrados y menos de quien da las “órdenes superiores”.