La intervención de la Procuraduría General de la República (PGR) en la venta de un inmueble que pertenecía a la Central Sandinista de Trabajadores (CST) y que no afectaba intereses del Estado ha causado grandes perjuicios a las hermanas Siomara y Vilma Ballesteros Tenorio, que compraron la propiedad en la ciudad de Rivas.
LA PRENSA intentó en reiteradas ocasiones conocer la versión de la PGR y del secretario general de la CST, Roberto González Gaitán (con quien las hermanas Ballesteros hicieron la transacción), pero en ninguno de los casos se obtuvo respuesta.
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De acuerdo con Siomara Ballesteros Tenorio, el 13 de septiembre de 2012 el procurador general de la República, Hernán Estrada, emitió una certificación en la cual explica que la inscripción de la propiedad que era de la CST “no afecta intereses del Estado” y eso permitió que una entidad bancaria les financiara 250 mil dólares. “De nuestros ahorros pusimos los otros 50 mil dólares para completar los 300 mil dólares que pagamos por la casa (del obrero de Rivas) al señor Roberto González Gaitán, secretario general del CST”, explicó.
La compraventa
La compraventa la realizó la abogada Ana Patricia Carrión Lacayo, en escritura pública 250 del 21 de marzo de 2013, pero cuando las hermanas Ballesteros Tenorio quisieron inscribir este documento en el Registro Público y la entidad bancaria buscaba hacer la anotación preventiva de la hipoteca por el préstamo de 250 mil dólares, la PGR cambió su versión y le indicó al gerente del banco que no pudieron verificar si el antiguo dueño reclamó la propiedad o si fue indemnizado por el Estado de Nicaragua.
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El abogado rivense Róger Pérez Aguilar explicó que cuando la entidad financiera no pudo hipotecar la casa que fue comprada por las hermanas Ballesteros a González Gaitán, decidió proceder con una demanda ejecutiva corriente con acción de pago por 261,497 dólares y embarga tres propiedades de las afectadas que obtuvieron con el fruto de su trabajo durante muchos años.
PGR cambió argumento
Las razones por las que la propiedad no pudo ser inscrita fueron porque la PGR, cinco meses después de haber emitido una certificación de no objeción, cambia su criterio y el propio procurador Estrada maniobra para que las hermanas Ballesteros Tenorio no puedan inscribir en el Registro Público la propiedad comprada, explicó el abogado Pérez Aguilar.
“Hasta la Alcaldía de Rivas, que había otorgado la solvencia municipal a Roberto González, este documento después le fue negado a las hermanas Ballesteros Tenorio, según comunicación que les hizo llegar el director de recaudación de la Alcaldía de Rivas, Jerónimo Ruiz, el 7 de octubre de 2013. Les niega la solvencia municipal indicando que si no llevan la carta de no objeción o certificación de la PGR actualizada, no pueden darle la solvencia, despojándose la Alcaldía de Rivas de su autonomía municipal”, explicó Pérez Aguilar.
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El abogado detalló que las tres propiedades de las hermanas Ballesteros Tenorio ya fueron adjudicadas al banco y aunque la deuda reclamada es de 261,497 dólares, las propiedades están valoradas por más de 400 mil dólares, y a las afectadas no les han devuelto la diferencia. Tampoco se tomó en cuenta que las perjudicadas durante más de un año pagaron 3,000 dólares mensuales, en total unos 50 mil dólares abonados a la deuda.
Llamado al Gobierno
Por la intromisión de la PGR en la transacción entre la CST y las hermanas Ballesteros, estas demandaron por la vía civil a la institución gubernamental con “una acción ordinaria civil con obligación de hacer” el 21 de febrero de 2014, para que se abstuviera de obstruir la legalización de la propiedad.
La demanda no progresó en el Juzgado de Distrito Civil de Rivas, y el 13 de marzo de 2016, fue declarada sin lugar. El 23 de octubre de 2017 el Tribunal de Apelaciones de Granada confirmó la sentencia del Juzgado. Las afectadas recurrieron de casación a la Corte Suprema de Justicia y esperan el fallo.
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“Nosotros hacemos el llamado al Gobierno para que nos ayude a no perder todo el fruto de nuestro trabajo, queremos recuperar la casa que compramos y pagamos por ella, que el procurador Estrada nos resuelva, porque si él hubiera dicho desde un inicio que esa casa no se podía vender ni comprar, no tuviéramos este problema”, dijo Siomara Ballesteros Tenorio.