Autoridad Nacional del Agua, juez y parte en licitaciones para Quenca

Sin que la Ley General de Aguas Nacionales establezca entre sus funciones participar en licitaciones conjuntas con las empresas que buscan un aval, ANA y una empresa de zona franca adjudicaron en 2015 la elaboración de ocho estudios hidrogeológicos

Managua 23 de Enero 2018 Oficina central Autoridad Nacional del Agua (ANA). Foto Jader Flores/ LA PRENSA

Además de beneficiar con licitaciones a la empresa Quenca Consulting Group, que funciona en una antigua propiedad del contralor Luis Ángel Montenegro Espinoza y su esposa Lyriam Padilla Aguilar, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) también se ha convertido en juez y parte en la adjudicación de estudios hidrogeológicos que las empresas deben presentar para obtener un aval de dicha entidad.

Sin que la Ley General de Aguas Nacionales establezca entre sus funciones participar en licitaciones conjuntas con las empresas que buscan un aval, ANA y una empresa de zona franca adjudicaron en 2015 la elaboración de ocho estudios hidrogeológicos bajo la resolución administrativa interna número 006-2015.

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En este proceso, ANA aplicó la contratación simplificada a favor de la empresa Quenca, por lo que se pagó 950,000 córdobas. En la adjudicación de esta licitación no se deja claro quién asumió ese costo, si fue ANA o la empresa de zona franca.

Quenca Consulting Group SA, según el Libro de Propiedades del Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil de la ciudad de Managua fue constituida en octubre del 2010, cuatro meses después que Luis Ángel Montenegro Padilla fuera nombrado director de la ANA.

La empresa fue creada para brindar asesoría especializada en Hidrogeología, Hidrología, Geofísica y Medioambiente. Actualmente funciona en una propiedad que fue del presidente de la Contraloría General de la República Luis Ángel Montenegro Espinoza, quien es padre de Montenegro Padilla.

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LA PRENSA intentó comunicarse con Montenegro Padilla, pero en su oficina dijeron que no estaba.

Más contrataciones

En 2016 ANA junto con empresas privadas, cuyos nombres no se citan en la resolución, entregó otra licitación a Quenca, para la elaboración de otros diez estudios hidrogeológicos, por un monto de 1,385,461.30 córdobas.

“Esto es totalmente anómalo, lo que tiene que hacer ANA es asegurarse de que los estudios (presentados por las empresas o entidades que buscan un permiso) respondan a las exigencias de la Ley, pero la Autoridad no tiene por qué estar contratando la realización de estudios, eso suena a que ellos se están convirtiendo en juez y parte”, dijo Ruth Herrera, expresidenta de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal).

Dayra Valle, subdirectora del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp) y especialista en contrataciones públicas, señala que la Ley 737, Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público establece prohibiciones para ser oferentes.

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“No podrán ser proveedores del Estado ni celebrar contrato con el sector público los funcionarios públicos que fueron elegidos directa e indirectamente, las personas jurídicas (en) cuyo capital participen los funcionarios públicos…”, dijo Valle.

La especialista en contrataciones dijo que si se encuentra alguna relación, “en primer lugar la adjudicación sería nula, además hay un artículo que establece sanciones a los funcionarios que hayan violado la Ley, que es una falta muy grave de servicio sancionable con la destitución y desde luego esto impulsaría una auditoría”.

Quenca Consulting Group SA, cuya apoderada general es Fabiola Lissett Lazo, compró la propiedad a Lyriam Padilla Aguilar, apoderada del contralor Montegro Espinoza, según los registros mercantiles en poder de LA PRENSA.