El consorcio de organizaciones de la sociedad civil y grupos de observación nacional, Panorama Electoral, entregó una carta en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Managua, en donde demandan al secretario general del organismo, Luis Almagro, transparencia con las negociaciones con el Gobierno sobre las reformas al sistema electoral nicaragüense ,ya que se las organizaciones critican el secretismo que existe.
Panorama Electoral expresa “con suma preocupación” al secretario Almagro que después de un año y cuatro meses desde que la OEA conformó la mesa de negociación con el Gobierno para impulsar cambios institucionales conforme “los instrumentos normativos del sistema interamericano y su ordenamiento jurídico internacional”, el pueblo de Nicaragua no “observa ninguna mejoría del estado de la institucionalidad democrática”.
“Muy lejos de ello, asistimos a otro fraude en las recientes elecciones municipales con un saldo de seis personas muertas y varios heridos, producto de la violencia política, la cual subraya la falta de voluntad del Consejo Supremo Electoral de dar respuestas a las impugnaciones interpuestas”, dice la carta a Almagro que fue leída por Gabriel Álvarez, presidente del organismos Movimiento por Nicaragua (MpN) que es miembro de Panorama Electoral.
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El 15 de octubre de 2016 el gobierno del presidente designado por el poder electoral, Daniel Ortega, y el secretario de la OEA, Luis Almagro establecieron una Mesa de Conversación y Diálogo Constructivo para impulsar cambios en el sistema electoral para fortalecer la institucionalidad en Nicaragua.
De esa mesa resultó un memorándum de entendimiento donde se establecieron las acciones que se impulsarían como la “continuación del proceso de perfeccionamiento del sistema de representación política y mecanismos que lo fortalezcan jurídicamente”, la depuración del padrón electoral y la participación de la OEA como observador en las elecciones nicaragüenses.
Ortega prometió que las reformas estarían listas para las elecciones regionales de la Costa Caribe a realizarse en marzo del 2019.
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Sectores sociales, políticos opositores, religiosos y empresariales han demandando reformas profundas en la Ley Electoral que permitan restablecer la credibilidad del proceso de las elecciones ya que se sostiene que el partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) con su control de todos las estructuras del Consejo Supremo Electoral (CSE) ha propiciado fraudes electorales desde 2008.
Álvarez reclamó que Almagro “está en deuda” con los nicaragüense debido a que la OEA y el Gobierno se dieron un plazo de tres años para impulsar los cambios institucionales pero luego de año y 4 meses no hay resultados tangibles.
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Álvarez junto a Haydée Castillo, Yader Loza y José Antonio Peraza, también directivos del consorcio Panorama Electoral, criticaron que Almagro en una entrevista reciente con un medio internacional afirmara desconocer que Ortega impulsó una reforma a la Ley Electoral.
Esa reforma se hizo para proteger al magistrado presidente del CSE, Roberto Rivas, dado que le quitó el poder legal en la institución electoral, pero le mantuvo su inmunidad y su salario.
El magistrado Rivas fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos bajo la Ley Magnitsky, que castiga a personajes en el mundo por considerarlos graves violadores de derechos humanos y estar involucrados en actos de corrupción.
Rivas no ha aparecido públicamente desde que se le informara de esa sanción, mientras Ortega y sus diputados en la Asamblea Nacional protegen a Rivas al mantenerlo con inmunidad.
“Con esta reforma realizada por el presidente de la República (que concentra todos los poderes del Estado), es un engaño y una burla para el pueblo nicaragüense en tanto se realizó con el único propósito de encubrir delitos proteger al señor Roberto Rivas, despojándole de sus responsabilidades y manteniéndole nominalmente todos los privilegios como presidente” del CSE, expresó Panorama Electoral.
Cuatro puntos
El consorcio de organismos de la sociedad civil demandan cuatro puntos en su carta pública a la OEA como son hacer público el informe del Secretario General relacionado con el proceso electoral nicaragüense a que se refiere el acuerdo del 15 de octubre de 2016; que el organismo internacional “acompañe la demanda de las reformas profundas al sistema electoral que desde el 2008 la población viene haciendo, ante la realización de reiterados fraudes electorales, constituida ya como una política de Estado”.
Otras exigencia es que la OEA pida al Sistema Interamericano de Derechos Humanos que haga eco de las exigencias de la ciudadanía nicaragüense al Estado “a fin de que se separe inmediatamente del cargo y abra una investigación independiente, sobre las imputaciones de las que ha sido objeto” el presidente del CSE, el magistrado Rivas.
Y se reiteró la exigencia de que “a lo inmediato” se reemplacen a todas las autoridades actuales” del CSE y sean nombradas en su lugar “funcionarios no partidarios, independientes y de probada calidad moral”.
Loza, director del organismo Hagamos Democracia, miembro de Panorama Electoral informó que a finales de marzo presentarán la propuesta de reforma a la Ley Electoral la que van a someter a “una amplia consulta” a nivel nacional a fin de que la ciudadanía aporte a los cambios que considera deben darse para lograr que en las elecciones se respete el voto de la población.
Loza dijo que se demanda al secretario de la OEA que esas propuestas desde la sociedad civil sean tomadas en cuenta en las negociaciones con el Gobierno.