El salario de los diputados a la Asamblea Nacional fue incrementado este año en 5 por ciento, según informó LA PRENSA el lunes pasado. La información mencionó también los beneficios adicionales que reciben los diputados, como una generosa cuota mensual de combustible, doble seguro de salud con cobertura para sus familiares cercanos y un “fondo social” de casi medio millón de córdobas anuales, para dádivas, apoyo a obras sociales y fortalecimiento de su imagen política.
Como complemento de esa información, LA PRENSA dio a conocer al día siguiente que según el organismo de la sociedad civil, Hagamos Democracia, que monitorea el funcionamiento de la Asamblea Nacional, los diputados trabajan muy poco. Yader Loza, secretario ejecutivo de dicha organización, explicó que haciendo una relación de la asignación presupuestaria que recibió la Asamblea Nacional el año pasado, con la cantidad de leyes producidas en ese mismo período, cada ley costó a los contribuyentes nicaragüenses 25.57 millones córdobas, más de tres millones de dólares.
Es demasiado. Además, en algunos casos la implementación de las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional requiere de cuantiosas inversiones en instalaciones físicas, parque vehicular, gastos operativos y de representación, sueldos y beneficios para nuevos funcionarios y empleados de apoyo que engordan todavía más el obeso e ineficiente aparato burocrático.
Sin embargo, el costo de los diputados no es el principal problema de la Asamblea Nacional. Es correcto que su salario sea ajustado a la devaluación monetaria. La verdad es que todos los empleados públicos y del sector privado que son pagados de acuerdo con esa modalidad, tienen derecho de recibir los ajustes devaluatorios correspondientes.
El problema fundamental de la Asamblea Nacional es que dejó de ser un verdadero poder legislativo porque el régimen orteguista ha desnaturalizado sus funciones, igual que a todos los demás poderes e instituciones del Estado.
En una sociedad democrática el poder legislativo es la institución más importante del Estado. El poder legislativo garantiza la existencia del Estado de derecho y su respeto. Representa los intereses de la nación porque existe para representar a los ciudadanos y velar por sus derechos. Aprueba las leyes y sus reformas, y por lo tanto diseña y perfecciona el sistema jurídico del país. Controla al poder ejecutivo y demás órganos del Estado, mediante la aprobación del presupuesto de la nación, la fiscalización de los recursos económicos y financieros, y la comparecencia de los ministros para que rindan informes. Crea comisiones investigadoras de asuntos neurálgicos de la sociedad y el Estado. Nombra y destituye a los magistrados y otros altos funcionarios, de acuerdo con el procedimiento constitucional. Aprueba los tratados y créditos internacionales, etc.
Pero la Asamblea Nacional de Nicaragua no cumple esas funciones esenciales, Daniel Ortega la ha convertido en un despacho sumiso de sus asuntos legislativos.
Cuando la democracia sea restaurada en Nicaragua, lo cual es inevitable, habrá que reconstituir el poder legislativo y restituirle las majestuosas funciones que le corresponden.