La Procuraduría General de la República (PGR) y el Registro de la Propiedad en Rivas no explican por qué la antigua Casa del Obrero que pertenecía a la Central Sandinista de Trabajadores (CST) y que fue vendida a las hermanas Siomara y Vilma Ballesteros Tenorio, no puede ser inscrita a nombre de la institución bancaria que financió la compra del inmueble.
Según la historia registral de la propiedad, en 1990 la Procuraduría General de Justicia (ahora Procuraduría General de la República, PGR) le vendió este inmueble a la CST, por lo cual esta propiedad no es del Estado ni afecta intereses del mismo, denunciaron las afectadas.
Lea también: Compran casa a CST y Procuraduría General de la República impide el registro
A pesar que antes de la compraventa de la propiedad la PGR extendió una certificación de no objeción, ahora no se le permite al banco la inscripción de la anotación preventiva de la hipoteca por el préstamo de 250 mil dólares que las hermanas Ballesteros Tenorio obtuvieron para pagar el inmueble.
Los 300,000 dólares, que era el costo total de la casa, fueron completados con 50,000 dólares que eran el ahorro de las afectadas y fueron entregados a la CST.
Obstáculo para inscripción de hipoteca bancaria
Según una carta firmada en el 2013 por el procurador general de la República, Hernán Estrada Santamaría, y enviada a la institución bancaria financiadora de la compra del inmueble, “no fue posible determinar a través de las diligencias que se anexaron a su solicitud, la cuenta registral antecedente de la propiedad N° 25,655; Tomo 263; Folio 229; Asiento 1, situación que nos impide verificar si el antiguo dueño presentó reclamo o si fue indemnizado por el Estado de Nicaragua”.
Le puede interesar: Procuraduría General de la República no escuchó la demanda de afectados por toma tierras
Según las hermanas Ballesteros Tenorio y su abogado Róger Pérez Aguilar, lo anterior ha sido la razón por la cual el Registro Público de la Propiedad de Rivas no ha permitido la inscripción de la anotación preventiva de la hipoteca.
Sin embargo, en la misma carta Estrada reitera que la propiedad es de la CST.
En el tomo 263, folio 229, con número de cuenta registral 25655, en el asiento primero se detalla que Carlos Alegría en representación de la CST adquirió la propiedad de parte de la Procuraduría General de Justicia (actual PGR), representada por Ana Gloria López, quien al amparo de la Ley 85, Ley de transferencias de viviendas estatales, le venden la Casa del Obrero de Rivas a la CST por un monto 700 millones de córdobas de la época, los cuales serían pagados en un plazo de 20 años con el tres por ciento de interés anual, a partir de 1990, por lo que la casa quedó hipotecada en ese momento por la PGR, hasta que se cancelara la deuda.
PGR canceló en 2010 hipoteca anotada a la CST
El 9 de marzo de 2010, el mismo procurador Estrada Santamaría mandó a cancelar la hipoteca que la PGR le tenía anotada a la CST, según consta en la sección de hipoteca del tomo 453, folio 280, del Registro Público de la Propiedad de Rivas. “Queda cancelada la hipoteca y satisfecha la obligación”, detalla la cancelación.
Y el último dato registral encontrado por LA PRENSA sobre esta propiedad, con fecha 21 de enero de 2014, es la anotación preventiva de la venta que el secretario general de la CST —Roberto González Gaitán— hizo a las hermanas Ballesteros Tenorio, válida por seis meses.
Lea además: Le quitan propiedad en Rivas por promesa de venta a un acusado por narcotráfico
Al no permitírseles a las hermanas Ballesteros Tenorio la inscripción de la compra de la casa y tampoco al banco la anotación preventiva de la hipoteca, el bien jurídicamente le pertenece a la CST. Por esto las afectadas piden a la organización sindical, a la PGR y al Registro que resuelvan este problema.
Casa no tenía impedimento legal
“La casa no tenía ningún impedimento legal para adquirirla, estaba debidamente inscrita a nombre de la CST, la hipoteca que esta organización gremial tenía con la PGR ya había sido cancelada y la propiedad estaba solvente, según la municipalidad de Rivas, y la PGR dijo que la venta no afectaba los intereses del Estado”, dijo Siomara.
Le puede interesar: Autoridad Nacional del Agua favorece a empresa vinculada a otra compañía beneficiada
“La casa no tenía ninguna señal que nos alertara de algún problema en el futuro, y cumplía con todos los requisitos legales para tal efecto, y ya no era Casa del Obrero, tenían rato que nadie se reunía y lo que había eran varios negocios que rentaban el local a la CST, más bien muchos dijeron que era bueno que el inmueble quedara en manos de dos mujeres trabajadoras como nosotros. ¿Por qué no la intervinieron ni reclamaron antes cuando en el local hasta un restaurante funcionaba?”, expresó Siomara.