El proyecto del Gran Canal de Nicaragua se ha quedado en papeles, pero aún así, la Autoridad del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, cada año recibe una partida presupuestaria del Tesoro de la República y en seis años ha acumulado 22.6 millones de córdobas.
Desde el 2013 el presupuesto asignado a la Autoridad ha ido en aumento. En ese año se le otorgó 2.1 millones de córdobas, y hasta el 2017 la partida presupuestaria no pasaba de los tres millones por año; sin embargo, el monto asignado en el 2018 fue de 6.9 millones de córdobas.
Lo último que el Gobierno expuso sobre el proyecto fue mediante la publicación del Libro Blanco en el 2017, en el que explicaba los procesos de consultas que había realizado en territorios indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe Sur, reportes que fueron cuestionados por ambientalistas y defensores de derechos humanos.
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Asimismo, en ese documento se exponía que el 4 de abril del 2017 la Comisión del Gran Canal había otorgado la renovación del permiso ambiental para que “el proyecto continúe desarrollando nuevos avances”.
Pero los avances a los que se refiere el documento no han sido tangibles. Las últimas declaraciones respecto a la obra fueron del vocero de la misma, Telémaco Talavera, quien refirió que se estaban completando estudios pendientes y por ello no se habían visto mayores progresos.
Mientras tanto, tampoco se sabe en concreto qué ha hecho la Autoridad del Gran Canal con el dinero que recibe vía presupuesto.
Esta también fue beneficiada en el año 2017 con la primera reforma que se hizo al Presupuesto General de la República, ya que se le otorgaron 3.9 millones que junto a los 2.6 millones asignados al inicio de ese año suman 6.5 millones de córdobas.
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De acuerdo con la Ley 840, conocida como la Ley Canalera, se considera que “desde la entrada en vigencia de la Ley número 800, la Autoridad del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, ha llevado a cabo actividades de promoción y negociación para obtener la inversión de capital necesario para la ejecución del proyecto del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua y otros proyectos de transporte e infraestructura relacionados”.
En su momento, el economista Enrique Sáenz expresó a LA PRENSA que cancelar la asignación presupuestaria que tiene la Autoridad del Canal “significaría aceptar que la quimera se evaporó”, sostuvo.
Es para mantener simulación
Desde la perspectiva del ambientalista Jaime Incer Barquero, respecto al porqué la Autoridad del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua recibe una partida presupuestaria cada año, expresó que “yo no sé cuáles son los brujuleos que se están haciendo para mantener una hipótesis o una visión fallida de lo que es el proyecto (el Gran Canal)”.
El ambientalista considera que los inversionistas internacionales no lo han apoyado porque es una locura invertir millones de dólares en un país con tanta inseguridad jurídica.
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Aunque no hay obras físicas que tomen el pulso al gran megaproyecto, Incer Barquero considera que mantener ese presupuesto es parte “de la simulación de que hay interés”. Asimismo, explicó que no puede haber interés por el canal, pero sí por los terrenos que están dentro de la zona donde supuestamente pasaría la obra.
50 mil millones de dólares de los Estados Unidos de América es el presupuesto que se estimó para la construcción del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, según la Ley 840, aprobada en el año 2013.