Centro de Ayuda al Consumidor exige auditar Fondo Social de Diputados

El Centro Jurídico de Ayuda al Consumidor exige además que se audite el salario y demás privilegios económicos que reciben los 91 diputados en funciones de la Asamblea Nacional

El Centro Jurídico de Ayuda al Consumidor presentó una denuncia en la Contraloría General de la República (CGR) en la que se exige se audite el presupuesto asignado para el Fondo Social, el salario y demás privilegios económicos que reciben los 91 diputados en funciones de la Asamblea Nacional.

Juan Carlos López, director del Centro Jurídico, considera que los contralores están obligados a realizar esa auditoría para determinar el uso que le da cada diputado a los 466,780 córdobas que recibe al año en concepto de Fondo Social, ya que criticó que sobre ese dinero no hay una rendición de cuentas a la ciudadanía.

En el Presupuesto de la Asamblea la partida del Fondo Social significa 42.47 millones de córdobas, dinero que manejan discrecionalmente los diputados para dar ayudas a organizaciones o a personas con necesidades económicas.

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Cada legislador recibe 116,695 córdobas en cada cuatrimestre. La Ley General del Presupuesto y la del Régimen Presupuestario establecen como requisito que para que se haga el desembolso, el legislador debe presentar al Ministerio de Hacienda un informe de rendición de cuentas del gasto que hizo de la partida del cuatrimestre anterior.

Rendición de cuenta es “voluntaria”

López reclamó que a pesar de que se trata de dinero proveniente de los impuestos de los nicaragüenses, “es voluntario si el diputado hace público su rendición de cuentas” del Fondo Social, “y esa práctica discrecional no puede seguir”, dijo.

“No vemos en qué usan ese dinero, pareciera que se lo quedan ellos. No hay ninguna transparencia porque esa información no está accesible ni siquiera en la página web de la Asamblea ni en la del Ministerio de Hacienda”, dijo López.

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El director del Centro Jurídico de Ayuda al Consumidor explicó que demandan a la Contraloría auditar al presupuesto que manejan los diputados porque consideran “una aberración” que se destinaran 5.5 millones de córdobas para ajustarse los salarios.

Con el ajuste cada diputado pasó a ganar 96,668.30 córdobas (unos 3,265.62 dólares), cuando devengaban 91,668.30 córdobas.

Aparte cada legislador recibe 135 galones de combustible mensuales y se les da 20 mil córdobas para otorgar becas, igual de forma discrecional.

La CGR, al igual que el resto de entes estatales, está partidarizada y responde a los intereses del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y de su aliado el Partido Liberal Constitucionalista (PLC).

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López expresó que aún si la CGR no cumple con la ley en supervisar que haya un correcto uso de los fondos públicos, “creemos que la ciudadanía debe empezar a tomar acciones legales y no quedarnos con las denuncias en los medios de comunicación y en las redes sociales sobre aquello que consideramos violatorio al Estado de derecho”.

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Diputados en la Asamblea Nacional. LA PRENSA/ URIEL MOLINA

Obligarlos a ser transparentes

El organismo Hagamos Democracia, que monitorea el trabajo parlamentario, respalda que debe terminarse la discrecionalidad del manejo del Fondo Social de los legisladores, y apoya que se establezca la obligación de hacer públicas las rendiciones de cuentas que hacen al Ministerio de Hacienda.

Yader Loza, director ejecutivo de Hagamos Democracia, explicó que solicitaron a los diputados los informes sobre cómo gastaron el Fondo Social el año pasado, pero afirmó que solo tres legisladores accedieron a compartirlos.

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Loza dijo que Azucena Castillo, María Fernanda Flores del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y Wendy Guido, suplente de Alfredo César (Partido Conservador), les enviaron los informes sobre el Fondo Social a Hagamos Democracia, pero solo el de Castillo detallaba los rubros por organizaciones y personas a las que dio dinero.

“Son temas que con un poco de voluntad política se pueden mejorar”, afirmó Loza.

“Es un derecho del ciudadano”

El excontralor general de la República, Agustín Jarquín Anaya, explicó que los contralores deben responder a la denuncia del Centro Jurídico de Apoyo al Consumidor y determinar si hay méritos para proceder a auditar todas las partidas presupuestarias que manejan los diputados.

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“Todo lo que contribuya a la transparencia es adecuado. Creo que es una iniciativa positiva y que va en el interés ciudadano. Esperemos que la Contraloría sea diligente y consecuente con sus funciones de velar por el buen desempeño de los funcionarios públicos”, dijo Jarquín.

Explicó que la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece que todos los informes sobre el trabajo parlamentario, incluidas las rendiciones de cuentas, deben publicarse en la web de la Asamblea Nacional. “No debería generar molestia que se soliciten los informes sobre el Fondo Social, porque además es un derecho del ciudadano y la transparencia y rendición de cuentas deben ser en nuestro país una práctica que se considere ordinaria, porque es dinero del ciudadano el que se está usando”, expresó.