Un recurso de casación interpuesto en la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por el abogado Róger Pérez Aguilar, como apoderado general judicial de las hermanas Siomara y Vilma Ballesteros Tenorio, es la única esperanza que les queda a estas dos mujeres para no perder todo su patrimonio familiar.
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De acuerdo con Pérez Aguilar, luego que las hermanas Ballesteros Tenorio pagaron a Roberto González Gaitán (en representación de la CST) los 300,000 dólares estadounidenses, equivalentes a 7 millones 315 mil 470 córdobas (al tipo de cambio del 21 de marzo de 2013), por la compra de la propiedad conocida como Casa del Obrero de Rivas, y se dan cuenta que no la pueden inscribir porque la Procuraduría General de la República (PGR) se los impidió, decidieron demandar por la vía civil a esta instancia del Estado.
Demanda contra la PGR
La demanda fue interpuesta en el Juzgado de Distrito Civil de Rivas el 21 de febrero de 2014, en la “Vía Ordinaria con Acción de Hacer”, mediante la cual las demandantes piden al juez civil de Rivas ordene al procurador Hernán Estrada Santamaría que “cumpla con la ley, absteniéndose de obstruir los trámites de legalización de la propiedad comprada a la CST, y ordene a las instituciones: Dirección General de Ingresos, delegación del Ineter (Catastro) en Rivas, Alcaldía y Registro Público de la Propiedad” a cumplir con la ley, y cada instancia estatal haga lo que a cada una le corresponde para la inscripción definitiva de la propiedad, precisa la demanda.
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En cuanto a la medida cautelar de esta demanda, se solicitó al juez de Distrito Civil de Rivas que nombrara depositarias del inmueble a las hermanas Ballesteros Tenorio.
La demanda fue admitida por el juez Ruen Arias Bello y el 14 de noviembre de 2014, nombró depositarias a las dos afectadas, pero cuando ellas iban a tomar posesión de la casa con la orden judicial, la PGR las mandó a sacar con la Policía de Rivas, al mando del segundo jefe Carlos Mora.
El juez Arias Bello fue removido de su cargo y su puesto lo ocupa la juez Jessica Castro. La judicial mediante sentencia emitida el 13 de marzo de 2017, declaró sin lugar la demanda de las afectadas y ellas apelaron la decisión ante el Tribunal de Apelaciones de Granada (TAG), que también declaró sin lugar la apelación de las hermanas Ballesteros Tenorio.
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La última opción que les quedó a las hermanas Ballesteros Tenorio, fue recurrir de casación en la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, recurso que interpusieron el 12 de enero del presente año, y esperan que los magistrados de la CSJ se pronuncien al respecto.
Apelan a Ortega y a Murillo
Las hermanas Ballesteros Tenorio han enviado varias cartas al procurador Hernán Estrada, y hasta la misma Presidencia de la República, solicitando que revisen su caso.
“Nosotros esperamos y confiamos en el buen criterio de nuestro presidente y nuestra vicepresidente (Daniel Ortega y Rosario Murillo), ya que el señor Hernán Estrada está bajo sus órdenes, y que le instruyan que suelte el caso y que nos deje seguir adelante” dijo Siomara Ballesteros Tenorio.