Tras la renuncia de Carles Puigdemont a la presidencia de Cataluña, los independentistas de esta región española deben todavía superar numerosos obstáculos para encontrar un nuevo candidato mientras su líder seguirá librando batalla a Madrid con una demanda ante las Naciones Unidas.
El jueves, el expresidente regional, destituido por el ejecutivo español tras el intento de secesión del 27 de octubre, anunció su renuncia provisional con tal de facilitar la rápida formación de un gobierno independentista.
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Como sucesor, propuso al número dos de su grupo parlamentario y expresidente de la influyente asociación independentista Asamblea Nacional de Cataluña (ANC), Jordi Sánchez. Pero su figura también es problemática al llevar cuatro meses encarcelado por presunta sedición.
Puigdemont demanda en la ONU
La mañana de este viernes el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que supervisa el cumplimiento de la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los Estados parte, ha recibido una demanda contra España presentada a título personal por Puigdemont.
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“Podemos confirmar que la Secretaría del Comité de Derechos Humanos ha recibido una comunicación en representación del señor Puigdemont contra España”, dijo una de las portavoces de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Julia Gronnevet.
Gronnevet explicó que ese órgano, constituido por expertos independientes y que se reúne en Ginebra, verificará si el expediente “cumple con los requisitos mínimos para ser registrado”, en cuyo caso ello será transmitido a España.
España no “consentirá”
“Esto de gobernar a tiempo parcial porque uno está fugado de la justicia o en prisión no se sostiene en pie”, advirtió el portavoz del gobierno español de Mariano Rajoy, Íñigo Méndez de Vigo. “El gobierno no lo va a consentir”, añadió.
No obstante, la decisión recae en el juez del Tribunal Supremo que instruye la causa contra la cúpula independentista por la fallida secesión. El magistrado puede dar un permiso excepcional al preso para acudir al Parlamento y defender su programa.
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“Quién ponga trabas a Jordi Sánchez para ser investido presidente cometerá un grave error”, advirtió Puigdemont en una entrevista con la radio catalana Rac1.
Tensiones internas
El nombre no fue acordado con sus aliados de Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), el segundo grupo independentista en la cámara catalana, que propusieron a su líder Oriol Junqueras, también encarcelado.
Según su portavoz Sergi Sabrià, Junqueras, exvicepresidente regional, sería la opción más respetuosa con la idea que defendía Puigdemont de dar continuidad al ejecutivo catalán destituido.
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En ambos casos, los independentistas se agarran al precedente de un político vasco encarcelado por pertenencia al grupo armado separatista ETA a quien se permitió salir en 1987 para defender su candidatura a la presidencia del País Vasco.
Las tensiones entre los independentistas fueron constantes en las últimas semanas, especialmente cuando el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, de ERC, aplazó a última hora la investidura prevista de Puigdemont a finales de enero.
Investido a distancia
Su elección había sido condicionada por el Tribunal Constitucional a que se entregara previamente ante el juez Llarena y este le diera permiso para presentarse.
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Sin embargo, el líder independentista quería ser investido a distancia aunque después fuera suspendida, lo que chocaba con las intenciones de ERC de formar un gobierno cuanto antes y reservar un papel simbólico a Puigdemont en Bruselas.
También discrepan sobre el camino a seguir tras el fracaso de la vía unilateral, que provocó fuertes tensiones en esta región de 7,5 millones de habitantes, convulsiones económicas y la pérdida del autogobierno de la región, ahora en manos Madrid.