La Ley 89: Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior amerita revisión. Por ejemplo, es un error que en la composición de Colegio Electoral para la elección del rector y del vicerrector general (art. 39) no esté incluido el secretario general del Sindicato de Trabajadores Docentes, mientras sí lo están el presidente de la Asociación Estudiantil y el secretario general del Sindicato de Trabajadores No Docentes.
De manera general, es importante que la ley promueva que en los órganos de gobierno y asambleas electorales se dé una participación estudiantil adecuada en cantidad y calidad. Esta participación es necesaria, pero sin llegar al extremo de dejar el gobierno de las universidades prácticamente en manos de los estudiantes. El mayor peso en la toma de decisiones debe de recaer claramente en los profesores, porque son los que están en mejor posición para ajustar los currículos de las carreras a las necesidades de la sociedad, y porque sobre ellos tienen la responsabilidad de certificar que los estudiantes tienen las competencias requeridas para el ejercicio de las profesiones.
En el aspecto cuantitativo, se puede medir la participación estudiantil en los órganos de gobierno mediante la razón entre número de profesores y número de estudiantes. Con base en más de 40 años de experiencia como profesor universitario, considero que una razón de tres profesores por estudiante es apropiada. Es bastante aproximada a la observada en los Consejos de Facultad: 3.5 profesores por estudiante (7 profesores y 2 estudiantes). Sin embargo, en el Consejo Universitario, máximo órgano de gobierno de las universidades, hay 1.6 profesores por estudiante (11 y 7 respectivamente). Bajo esta composición, cuando los consejos universitarios vuelvan a ser tomadores de decisiones y no simples ejecutores de las orientaciones bajadas por los comisarios políticos del partido, los estudiantes tendrían con frecuencia la última palabra, pues suelen votar en forma unificada. No es sensato que cuando se tratan los asuntos de una Facultad, el decano de la misma, que actúa en nombre del Consejo Facultativo, tenga el mismo poder de decisión que el representante estudiantil de esa Facultad.
Creo conveniente que en la integración de la Asamblea Electoral para la elección de los consejos de Facultad prive también el criterio de tres profesores por estudiante. Actualmente, el art. 38 contempla que participen los representantes estudiantiles de grupo, pero al no definir qué es un grupo, puede tomarse como tal a los estudiantes que cursan cuarto año, por ejemplo; o divisiones y subdivisiones del cuarto año, hasta el punto que en la asamblea electoral pueden existir más estudiantes que profesores.
Más importante aún es que la ley favorezca una representación estudiantil de mayor calidad. Se necesitan directivos estudiantiles enfocados en la formación y dignificación de los estudiantes; que sean personas íntegras, respetuosas de los demás y de la ley; amantes de la justicia y del bien. Con este fin, la ley puede fijar como requisitos para ser representante estudiantil: tener altas calificaciones; no haber reprobado clases ni repetido años, ni cambiado de carrera, y no haber incurrido en faltas. La ley debe evitar la permanencia prolongada de un estudiante en una directiva. Así, se evitaría o reduciría el fenómeno nada raro de que directivos estudiantiles, lejos de actuar en favor de la misión universitaria y de los estudiantes, ocupan su posición como fuente de privilegios y para sojuzgar y pisotear los derechos y la dignidad de los estudiantes, de lo cual he sido testigo en la UNAN-León.
Mientras tanto, como nación toca que imponer las sanciones que la Ley contempla para quienes han atropellado la autonomía universitaria y la ley.
El autor es médico leonés.