Hace unos pocos días se informó sobre el arresto del expresidente de Guatemala, Álvaro Colom, junto con varios de los ministros que le acompañaron en su gobierno. Todos están acusados por actos de corrupción.
En ese país también guarda prisión el expresidente Otto Pérez Molina, y quien fuera su vicepresidenta, Roxana Baldetti. Ambos fueron destituidos y procesados por acusaciones de corrupción.
Las investigaciones sobre los actos de estos exmandatarios guatemaltecos estuvieron a cargo de la entidad conocida como Cicig, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. La Cicig es una institución especial creada al amparo de Naciones Unidas, con el apoyo de la comunidad internacional, que se estableció ante la impotencia para combatir la corrupción de las instituciones públicas nacionales.
El actual presidente Jimmy Morales, también fue acusado por actos de corrupción, pero este cómico de profesión resultó más astuto que sus antecesores. Negoció impunidad al comprar conciencias de diputados repartiendo el presupuesto, evitó así ir a dar con sus huesos a la cárcel. Ahora, el flamante cómico convertido en presidente ha desatado una guerra feroz en contra del titular de la Cicig. Incluso intentó expulsarlo del país. Evidentemente el propósito del mandatario chapín es restablecer la impunidad como caldo propicio para el jolgorio con los fondos públicos.
Guatemala, pues, está plagada de corrupción hasta los tuétanos. Pero hay instituciones que luchan por contenerla. Y una ciudadanía que se ha movilizado exigiendo castigo a los corruptos.
En Honduras, igual que en Guatemala, ante las dificultades de las instituciones nacionales para combatir la corrupción, se estableció, con el auspicio de la OEA, una institución parecida a la Cicig. Se llama Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih). En semanas recientes, como resultado de los trabajos de esta institución, cinco diputados resultaron acusados por fechorías con recursos del Estado. Ni cortos ni perezosos, los otros diputados se curaron en salud, y reformaron una ley mediante la cual se autoconceden impunidad todos ellos. Hasta el flamante secretario general de la OEA, Luis Almagro, aparece enredado, señalado de quitar apoyo institucional a la Maccih.
Por otra parte, se encuentran en la cárcel los responsables de un escandaloso festín con los fondos de la seguridad social. Mientras, un expresidente, Rafael Leonardo Callejas, guarda prisión en una cárcel de Estados Unidos, también por corruptelas.
En Honduras, se multiplican los actos de corrupción y hay instituciones públicas que favorecen el saqueo, pero también hay instituciones que la combaten.
En El Salvador ocurre otro tanto. El expresidente Francisco Flores fue procesado y encarcelado. Falleció antes de que se dictara sentencia. El expresidente Antonio Saca se encuentra guardando prisión, mientras se le sigue un proceso judicial junto a otros funcionarios del gobierno que presidió. Por su parte, el expresidente Mauricio Funes se encuentra refugiado en Nicaragua, bajo la protección de Daniel Ortega. Hay otros exfuncionarios salvadoreños guardando prisión, incluyendo un ex fiscal general de la República.
El involucramiento de tres expresidentes nos da una idea de los altos vuelos alcanzados por los actos de saqueo de fondos públicos. Pero el procesamiento judicial y encarcelamiento de tres expresidentes también es revelador de la fortaleza institucional que todavía conserva ese país vecino.
Este breve recuento es suficiente evidencia para afirmar que en los países del triángulo norte de Centroamérica la corrupción campea, pero hay instituciones que intentan combatirla. Y también una ciudadanía activa que se moviliza.
Costa Rica abrió la brecha hace ya varios años procesando y encarcelando a dos expresidentes Rafael Ángel Calderón Fournier y Miguel Ángel Rodríguez. Quedó en la retina de muchos la imagen de este último, bajando esposado por la escalerilla de un avión, después de renunciar al cargo de secretario general de la OEA.
Con los antecedentes descritos, corresponde ahora vernos la herida y comparar cómo andamos aquí en Nicaragua.
Pues resulta que la semana anterior, la prestigiada organización Transparencia Internacional publicó su acostumbrado informe anual en materia de corrupción. 180 países de todos los continentes son evaluados a partir del análisis de diversos indicadores.
¿Qué refleja el informe? En cuanto a Centroamérica, Nicaragua es el país que registra los peores indicadores de la región. Se encuentra detrás de Guatemala, de Honduras y de El Salvador. En el reporte correspondiente al año 2017 nuestro país ocupa el puesto 151. El año anterior, en el 2016, ocupaba el lugar 145. Vamos para atrás, como el cangrejo.
A nivel de América Latina, tres países encabezan el ranking de Transparencia Internacional con los más elevados índices de percepción de corrupción: Venezuela, Haití y Nicaragua.
Esto significa que a pesar del control que el régimen orteguista ejerce sobre la mayoría de los medios de comunicación y de las patrañas que pretenden hacernos creer que “vamos por buen camino”, a nivel internacional se ve lo mismo que vemos la mayoría de los nicaragüenses: que una camarilla corrupta se ha apoderado de las instituciones del Estado para disponer a su gusto y antojo del patrimonio nacional.
En resumen, con todo y lo que hemos mencionado sobre la corrupción en Honduras, El Salvador y Guatemala, conforme el reporte de Transparencia Internacional Nicaragua se exhibe como el peor calificado de Centroamérica.
Un status humillante y una imagen bochornosa que debería avergonzarnos y movernos a actuar a todos los que aspiramos a vivir en un país donde se imponga la decencia.
El autor es exdiputado.