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Farsa no legitima a Maduro

La dictadura de Venezuela pospuso por un mes la farsa electoral en la que se otorgará a sí misma un nuevo período presidencial. La farsa ya no será el 22 de abril sino en la segunda quincena de mayo. Al mismo tiempo serán “electos” (o mejor dicho designados) los representantes regionales y de los municipios. Y para redondear el circo, Nicolás Maduro anunció que pedirá a las Naciones Unidas que mande observadores, sabiendo que en tan poco tiempo es imposible montar un mecanismo de observación electoral.

Los analistas políticos de Venezuela hacen distintas interpretaciones de esta maniobra, pero todos coinciden en que el objetivo de Maduro es salvar y prolongar la dictadura.

Para algunos, lo que se busca posponiendo por un mes la farsa electoral es evitar o reducir la abstención, que según dicen sería más del 50 por ciento si se realizara en abril.

Para otros lo que se persigue es dar un poco de tiempo a la oposición agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática para que se decida a participar en la farsa electoral y legitimarla. Maduro ya tiene asegurada la participación de algunos grupos políticos satélites, pero carecen de representatividad y autoridad política y moral en la población. De manera que para la dictadura es muy importante montar en la farsa a partidos verdaderamente opositores.

También opinan esos analistas, que incluir en la farsa la supuesta elección de los representantes regionales y municipales, es para presionar a la oposición, pues si no participa se quedaría sin tener presencia en esas instancias políticas.

Inclusive, hay quienes consideran que Maduro ya consiguió el objetivo de validar las elecciones de la segunda quincena de mayo, al lograr que algunos partidos políticos participen en ellas aunque no sean de la auténtica oposición.

Pero eso no es cierto. Las elecciones solo podrían ser válidas y legítimas si fuesen como las que el Grupo de Lima y la OEA han demandado recientemente: convocadas con la debida anticipación; con participación de todos los partidos políticos; sin líderes políticos presos, inhabilitados ni exiliados; organizadas por una autoridad electoral no controlada por el gobierno; con una observación electoral confiable; y con todas las demás garantías que deben tener unas elecciones para ser serias y creíbles. Solo así serían legítimas y la comunidad internacional las validaría.

Por lo que valen las experiencias, hay que recordar que en 1984 la dictadura sandinista de Nicaragua pretendió legitimarse y salir de la crisis con unas elecciones en las que no participó la oposición, solo los partidos amigos que pertenecían al Frente Patriótico de la Revolución (FPR). Pero no lo consiguió, la crisis empeoró y después de cinco años de más sacrificios para el pueblo, en febrero de 1990 el FSLN se vio obligado a aceptar verdaderas elecciones. Lo mismo o algo parecido sucederá en Venezuela. La farsa electoral no resolverá la crisis de la dictadura. Más temprano que tarde tendrá que permitir verdaderas elecciones, o caerá inevitablemente de cualquier otra manera.

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