Tras el argumento de agilizar los procesos disciplinarios de las quejas contra personal judicial y abogados y notarios del país, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) firmó el acuerdo número 97-2018, donde amenaza con abrir de oficio procesos disciplinarios contra el gremio.
“Se procederá de oficio cuando el Consejo tenga conocimiento mediante otro órgano o instancia del poder judicial, un medio de circulación nacional o cualquier otro medio”, reza el párrafo segundo del artículo 14, respecto al inicio del proceso disciplinario.
“Eso es para meternos en miedo, pero nosotros recurriremos de inconstitucionalidad, porque dónde está la aplicación del artículo 34 constitucional, todos tenemos derecho a defendernos”, dijo Mercedes González, del Colegio de Abogados en Formación.
Corte legisla mediante acuerdos
Además, el Acuerdo reforma la Ley de Carrera Judicial, al trasladar la atribución del Consejo de Administración y Carrera Judicial, de instruir y conocer las denuncias por faltas disciplinarias del personal de carrera judicial a la Dirección General de Inspectoría Judicial.
Según la circular, esta dirección conocerá previamente las quejas y luego de hacer un análisis las trasladarán a la magistrada Juana Méndez, quien será el segundo colador de las quejas, que finalmente llegan hasta el Consejo.
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“Un acuerdo no puede modificar una ley y lo está haciendo al sustraer al investigado de su órgano competente que es colegiado a una dirección de menor jerarquía y luego pasa a una sola magistrada. Ella decide qué va y qué no (va) al Consejo y puede haber una orientación maliciosa de persecución contra abogados protestantes y nos deja en indefensión. Podemos estar ante una cacería de abogados y es preocupante”, dijo Nelson Cortez, abogado y notario, presidente de la Asociación de Juristas de Nueva Segovia.
Incluye a usuarios en general
No bastando estas irregularidades, en el mismo acuerdo, los magistrados definen el ámbito de aplicación del Manual de Procedimiento Administrativo Disciplinario e incluyen a “usuarios en general”, lo que queda demasiado abierto, según criterios de abogados y notarios, y se presta a muchas interpretaciones.
“El presente Manual estará destinado a las actuaciones de los funcionarios que integran la Dirección General de Inspectoría Judicial, funcionarios de carrera judicial, profesionales del derecho y usuarios en general”, dice la circular.
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“Esa circular es una mezcla de ilegalidades. No sé si es una mala redacción, pero es ilógico aplicar el Manual a los usuarios porque qué tipo de sanción administrativa les vas a aplicar a los usuarios, no tiene asidero legal”, dijo Cortez.
Cortez considera que están incluyendo a los abogados dentro de la Ley de Carrera Judicial de forma arbitraria, porque dicha ley es aplicable a funcionarios judiciales, como secretarios judiciales, jueces, defensores públicos, magistrados de Apelaciones y no para abogados y notarios.
Abogados discutirán acciones
Las diferentes organizaciones de abogados y notarios de Nicaragua aseguran que se reunirán para discutir las acciones a realizar contra el Acuerdo 97, pues consideran que está plagado de ilegalidades. José Manuel Nicaragua, coordinador de la Unidad Nacional de Abogados y Notarios de Nicaragua, considera que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia están “midiendo el nivel de tolerancia y organización de los abogados”, porque a pesar que hace dos meses marcharon hacia la sede central de ese poder del Estado y pidieron como primer punto que pararan de legislar a través de acuerdo —porque esa es competencia del parlamento—, los magistrados volvieron a hacerlo.
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“La Corte cree que somos tontos, nos quiere meter gol y lo más peligroso es que nos quieran procesar de forma oficiosa”, dijo Nicaragua. En la marcha de abogados participaron unos cuatrocientos abogados de todo el país.