El día 25 del presente mes se cumplirán sesenta años de la conquista de la autonomía universitaria, gracias a las firmes gestiones del esclarecido y recordado rector, doctor Mariano Fiallos Gil.
El Decreto con Fuerza de Ley, que otorgó a la Universidad Nacional plena autonomía académica, docente, administrativa y financiera, fue firmado el 25 de marzo de 1958 por el entonces presidente de la República, Luis Somoza Debayle, y refrendado por el ministro de Educación, doctor René Schick Gutiérrez.
Ese día culminó exitosamente la lucha de varias generaciones de estudiantes que, durante décadas, demandaron la autonomía del Alma-Mater hasta entonces dependiente del Ministerio de Educación y sujeta a los intereses políticos de la dictadura de Somoza García.
Con motivo de este aniversario, conviene brevemente reflexionar sobre el concepto de autonomía universitaria y su evolución histórica.
Desde sus orígenes las universidades representan una permanente aspiración de autonomía y libertad frente a los poderes civiles, políticos y eclesiásticos. Las primeras universidades se constituyeron como corporaciones, la “universitas”, es decir, el gremio o corporación de los que enseñan y aprenden, de los maestros y discípulos dedicados al oficio de aprender los saberes. Estas corporaciones nacieron con privilegios y autonomía. Sin embargo, ha sido constante la tensión que ha existido, desde un principio, entre la autonomía de la comunidad universitaria y las fuerzas sociales, principalmente los poderes públicos, deseosos de controlarla, de suerte que la autonomía de esta se define principal, aunque no exclusivamente, frente al Estado, representado por el Gobierno central. En última instancia, la autonomía será, desde entonces, el resultado de la particular relación dialéctica que se establece entre el Estado y la universidad, según sea el contexto político y socioeconómico.
A raíz de la independencia la adopción por América Latina del esquema universitario napoleónico fue contraproducente. En primer lugar, destruyó el concepto mismo de Universidad, desde luego que la nueva institución no pasó de ser más que una agrupación de facultades profesionales. Además, hizo difícil el arraigo de la ciencia en nuestros países, ya que el énfasis profesionalista postergó el interés por la ciencia. La burocratización de la universidad y su supeditación al Estado acabó también con la menguada autonomía que, hasta entonces, había disfrutado durante el período colonial.
La Reforma de Córdoba de 1918, que este año cumple su centenario, replanteó las relaciones entre la universidad, la sociedad y el Estado. El concepto de autonomía, sustentado por el movimiento, fue muy amplio: implica el derecho de la comunidad universitaria a elegir sus propias autoridades; la libertad de cátedra; la designación de los profesores mediante procedimientos académicos; el gobierno de la institución por sus órganos directivos y la aprobación de sus planes y programas de estudio.
La autonomía que se da frente a los poderes del Estado proporciona el marco jurídico indispensable que permite el ejercicio de la libertad de cátedra, base de toda enseñanza genuinamente universitaria. La autonomía es condición que permite a la universidad cumplir, en la mejor forma posible, las tareas que le son propias, entre ellas, la función crítica. “Una universidad, según Hutchins, es un centro de pensamiento independiente. Es, asimismo, un centro de crítica”… La “Declaración Mundial sobre la Educación Superior” (París, 1998), atribuye a los establecimientos de educación superior la función de “opinar sobre los problemas éticos, culturales y sociales, con total autonomía y plena responsabilidad, por estar provistos de una especie de autoridad intelectual que la sociedad necesita para ayudarla a reflexionar, comprender y actuar”.
La autonomía universitaria, entre nosotros, ha tenido momentos en que se ha ejercido plenamente, como sucedió en las décadas de los años 60, 70 y 90, y momentos de eclipse, como pasó en la década de los 80 y a partir del 2007. La pregunta que cabe hacerse hoy es si las universidades, principalmente las estatales, cuya autonomía está garantizada constitucionalmente y por la Ley 89 del 20 de abril de 1990, hacen pleno uso de la libertad de pensamiento y de crítica social que, como reductos de la inteligencia, les corresponde frente a los problemas que actualmente enfrenta el país. Si no lo hacen, significa que su autonomía universitaria es puramente formal pero que, en la práctica, no asumen su responsabilidad como conciencia crítica de la sociedad.
El autor es jurista y catedrático.