Entre la OEA y Maduro

Daniel Ortega respondió a la CIDH por una denuncia que interpuso ante ese organismo Fabio Gadea Mantilla cuando era candidato a la Presidencia de Nicaragua

06/03/2018
libertad

De manera inusual y sorpresiva, Daniel Ortega respondió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por una denuncia que, en octubre de 2011, interpuso ante ese organismo don Fabio Gadea Mantilla cuando era candidato a la Presidencia de Nicaragua. La denuncia de don Fabio fue porque sus derechos políticos eran violentados por el Estado, al ser impuesta la candidatura de Daniel Ortega a la reelección a pesar de que estaba prohibida expresamente por la Constitución.

Como se debe recordar, el 19 de octubre de 2009 la Corte Suprema de Justicia dictó la Sentencia 504 disponiendo que el artículo 147 de la Constitución, que prohibía la reelección presidencial en dos períodos consecutivos y por más de una vez, no era aplicable a Daniel Ortega porque violaba sus derechos humanos.

Aquella insólita sentencia contra la Constitución fue aprobada solo por los magistrados sandinistas; sus colegas liberales del PLC no participaron en la sesión, obviamente para no tener que votar en contra pero avalarla de hecho con su ausencia.

Por su contenido, la respuesta de Ortega a la CIDH es irrelevante, solo repite los argumentos que presentaron los magistrados sandinistas cuando anularon la prohibición constitucional de la reelección sin que tuvieran potestad para hacerlo. Además, según ha explicado el jurista constitucionalista Gabriel Álvarez, aunque la denuncia de don Fabio pasara ahora de la Comisión a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya no se podría declarar la nulidad de la candidatura de Ortega.

Sin embargo, el mismo constitucionalista Álvarez advierte la trascendencia jurídica y política que tendría una sentencia de la CIDH aceptando o rechazando que la reelección presidencial es un derecho humano, como lo han invocado rústicos dictadores como Daniel Ortega y Evo Morales pero también demócratas como Oscar Arias, de Costa Rica y Juan Orlando Hernández, de Honduras.

Aparte de eso, lo que ha llamado la atención de que Daniel Ortega respondiera a una demanda ante la CIDH, es que él no reconoce de hecho a los organismos interamericanos de derechos humanos y mucho menos que responda a sus denuncias y requerimientos de informes.

Ante la falta de transparencia informativa del régimen orteguista, y considerando que Ortega está tratando de evitar las sanciones de EE.UU. por violaciones a la democracia, corrupción y atropellos a los derechos humanos, se puede conjeturar que su reconocimiento a la jurisdicción de la CIDH tiene el mismo propósito que la abstención de su representante en la OEA, el 23 de febrero, cuando se aprobó la resolución contra Nicolás Maduro.

Es decir, que así como se abstuvo en esa votación pero al mismo tiempo reafirmó su pleno apoyo a Maduro, ahora Ortega reconoce la jurisdicción de la CIDH —que es un organismo de la OEA—, mientras va a Caracas a participar en la Cumbre del Alba y reiterar su respaldo a la dictadura de Venezuela. Un respaldo que no es solo porque la dictadura chavista le ha proporcionado una enorme cantidad de recursos económicos, sino también por afinidad ideológica y objetivos políticos comunes de largo plazo.

Sin embargo, sería una tontería mayúscula de parte de Ortega creer que sin hacer reformas democráticas visibles y creíbles, podrá escapar de las sanciones estadounidenses.

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