Ciudadanos por la Libertad (CxL) presentó este lunes su propuesta de reformas electorales, en el contexto de las negociaciones de la OEA con el régimen orteguista sobre el tema de las elecciones.
CxL es hasta ahora el único de los partidos legales que presenta una propuesta de esta clase. Por lo que sabemos, el PLC, reconocido por el régimen como la segunda fuerza política del país y primera de oposición, está preparando su propia demanda de reformas electorales.
Por su parte, el Frente Amplio por la Democracia (FAD), excluido del sistema político orteguista, dio a conocer a fines de diciembre pasado seis demandas de cambios electorales desarrolladas en 15 puntos. Y desde la sociedad civil, el Consorcio Panorama Electoral integrado por nueve entidades cívicas especializadas en la observación electoral, también está en proceso de preparación de sus propuestas sobre el mismo tema.
A nuestro juicio, tanto las propuestas de CxL como las del FAD responden a la necesidad y la expectativa de crear un nuevo sistema electoral en Nicaragua, decente y democrático. Y sin duda que las otras propuestas que se están preparando también serán atinadas y en general coincidentes con las anteriormente mencionadas.
Sin embargo, que sean buenas propuestas no significa que sean viables en lo inmediato. De hecho son propuestas fundamentales para dotar al país de un moderno sistema electoral, propio de un Estado democrático, y por lo tanto no podrían ser adoptadas e implementadas por el actual régimen orteguista. Nos referimos a propuestas como las de independizar y profesionalizar el sistema de cedulación, reconstituir al Consejo Supremo Electoral con personas honorables y neutrales en relación con los partidos políticos, despartidarizar la integración de las Juntas Receptoras de Votos, etc.
Lo que se tendría que perseguir de inmediato y es lo que la oposición política y la sociedad civil deberían demandar en una sola propuesta, es un paquete de cambios mínimos pero indispensables para que las próximas elecciones sean sin exclusiones, competitivas, básicamente limpias y supervisadas por una observación electoral independiente.
La OEA guarda absoluto silencio en cuanto a las reformas electorales que está negociando con el régimen orteguista, pero suponemos que su objetivo no es que se cambie radicalmente el sistema electoral, sino hacerle algunas modificaciones a fin de que las elecciones puedan ser aceptables, como comienzo de una apertura democrática más amplia. Después, si el sector demócrata del país ganara las elecciones y tuviera el suficiente respaldo legislativo, habría la posibilidad real de construir un nuevo sistema democrático en el país, integral, no solo electoral sino también judicial y administrativo.
Tal vez sea oportuno recordar que en 1989, como consecuencia de los acuerdos de los presidentes centroamericanos en Tesoro Beach, El Salvador, y del diálogo de la oposición con Daniel Ortega, se logró una reforma mínima de la Ley Electoral, la inclusión de algunos representantes de la oposición en el Consejo Supremo Electoral, garantía de libertad de expresión y movilización política y observación electoral internacional completa, de las Naciones Unidas y la OEA. Eso fue suficiente para que las elecciones del 25 de febrero de 1990 tuvieran eficacia y abrieran el camino al cambio democrático
Las circunstancias de ahora son diferentes, pero las experiencias históricas son para aprender de ellas.