Después de cumplirse dos meses y 16 días desde que el Gobierno de los Estados Unidos sancionó al magistrado electoral Roberto Rivas, por actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos, el Gobierno de Nicaragua no da señales de impulsar una investigación contra el funcionario, mientras el cuestionado se mantiene oculto.
El sociólogo Oscar René Vargas, exasesor de la Dirección Nacional del FSLN, tiene sus propias conclusiones de por qué el gobierno de Ortega mantiene lejos de la atención pública a Rivas.
“El objetivo es que desaparezca de los medios, (porque) si anduviera moviéndose los periodistas le preguntarían cosas que no quieren responder”, expresa Vargas.
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El magistrado Rivas es presidente del Consejo Supremo Electoral. Fue sancionado el 21 de diciembre pasado por el Gobierno de Estados Unidos que le aplicó la Ley Magnitsky, que castiga a personas involucradas en actos de corrupción y violación de derechos humanos.
Según Vargas, a Ortega tampoco le conviene que el funcionario ande visible. “Invisibilizar a Roberto Rivas es la estrategia para que se olvide (de su caso) el gran público. Otra noticia saldrá que matará la anterior”, explica el analista político.
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El 7 de febrero pasado, la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, le quitó las funciones a la presidencia del CSE para entregárselas al vicepresidente, el sandinista Lumberto Campbell. Sin embargo, a Rivas lo mantuvieron como funcionario, con inmunidad y con un salario mensual de cinco mil dólares.
Una jugada política
Para el también analista Carlos Tünnermann, quitarle funciones a Rivas por medio del parlamento solamente fue una jugada política.
“Lo que hizo Ortega en el caso de Roberto Rivas fue mantenerle la inmunidad y garantizarle la impunidad a las sanciones que le ha aplicado el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Es una acción propia del orteguismo”, señaló.
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El analista expresó que en un país donde hay Estado de Derecho el magistrado Rivas hubiera sido separado de su cargo.
“Las instituciones encargadas de fiscalizar los fondos públicos lo estuvieran investigando”, añadió Tünnermann.