Numerosos abogados de Nicaragua, particularmente litigantes penales, están realizando diversas manifestaciones de protesta contra arbitrariedades de las autoridades judiciales y violaciones a la seguridad jurídica, que es el principio básico de un Estado de derecho.
Los abogados repudian que la Corte Suprema de Justicia se arrogue la facultad de legislar y distorsionar el derecho judicial por medio de acuerdos administrativos; que no garantice el respeto a los principios del debido proceso y los derechos humanos, como el recurso de habeas corpus, la presencia de los defensores legales en todas las fases del procedimiento policial y judicial, la ejecución de las órdenes de libertad, el acceso de los abogados de los reos a las instalaciones de policía, etc.
Todos esos derechos, y más, están garantizados en la Constitución de Nicaragua, Título IV, Derechos, Deberes y Garantías del Pueblo Nicaragüense, artículos 23 al 46. Esos derechos los reconocía formalmente el Estado somocista. Los reconoció también de manera formal el régimen sandinista de los años 80. Los perfeccionó la reforma constitucional democrática de 1995 y no fueron abolidos por la contrarreforma de 2014. Sin embargo, esos derechos fundamentales no se respetan debidamente en la práctica judicial.
Como se explica en la Enciclopedia Política de Rodrigo Borja, la seguridad jurídica significa que los ciudadanos tienen certeza del alcance en la aplicación de las leyes y de las facultades y limitaciones de la autoridad encargada de aplicarlas. La seguridad jurídica es la clara delimitación entre las facultades que tiene el poder público y el ámbito sagrado e inviolable de los derechos de las personas.
Cuando y donde hay seguridad jurídica, los actos de la autoridad pública son predecibles y no hay lugar para sorpresas y mucho menos arbitrariedades en el ejercicio del poder. De esa manera los ciudadanos se sienten seguros, viven sin sobresaltos y desenvuelven sus actividades con tranquilidad; y la autoridad judicial se reviste de dignidad y goza de la confianza y el respeto de la sociedad.
Sin embargo ese no es el caso de Nicaragua, aquí la seguridad jurídica existe en el papel pero no en la realidad, según las denuncias y protestas de los abogados y de acuerdo con las experiencias cotidianas de los usuarios de los servicios judiciales, policiales y de fiscalía.
La llamada “proletarización” de los abogados litigantes y las supuestas deficiencias académicas de algunas escuelas de Derecho de universidades privadas, no justifican el irrespeto del Estado a estos profesionales ni la degradación de los servicios judiciales. Así como el poder judicial es el garante institucional de la seguridad jurídica y el Estado de derecho en general, los abogados son sus vigilantes y en esta función representan y defienden a toda la sociedad.
Una de las peores consecuencias del régimen autoritario orteguista es la devastación del sistema judicial de Nicaragua, del mismo modo como el terremoto de 1972 devastó físicamente a Managua. Y así como ha costado mucho reconstruir la ciudad también será muy difícil la reconstrucción ética, profesional y administrativa de la justicia. Sin embargo esta tendrá que ser una tarea primordial de los abogados y todos los ciudadanos cuando la democracia sea restaurada.