Varios días después que las hermanas Siomara y Vilma Ballesteros Tenorio, de Rivas, denunciaron las trabas que enfrentaban para registrar una casa adquirida a la Central Sandinista de Trabajadores (CST) y después que la Procuraduría General de la República (PGR), aceptó devolverles el bien no hay una versión oficial que explique los motivos del impedimento.
El secretario general de la Central Sandinista de Trabajadores (CST), Roberto González, se limitó a confirmar que ellos realizaron una venta legítima.
“Nosotros sencillamente hicimos cumplir un mandato del ejecutivo nacional, de una propiedad que estaba en malas condiciones y que no teníamos recursos para repararla, se decidió sencillamente venderla”, expresó González.
“Fue una transacción entre privados, para poder comprar otro local, que esté en mejores condiciones para el funcionamiento de la organización, de ahí para adelante, ese ya no es un asunto de nosotros”, dijo González.
“Entiendo yo que el Estado intervino esa propiedad ¿por qué razones ? no se”, alegó el dirigente de la CST, quien llegó asegurar que “no tenemos vela en ese entierro”.
González reiteró que la CST vendió la propiedad porque contaba con los documentos legales necesarios.
Por cinco años
El martes 6 de marzo la Procuraduría General de la República (PGR) regresó la antigua Casa del Obrero, de Rivas, a las hermanas Ballesteros Tenorio, luego que esa institución ocupó el inmueble durante cinco años.
La PGR también entregó a las afectadas la carta de no objeción para que estas puedan realizar el trámite de registro de la propiedad.