Roberto Rivas ha quedado como el malo de la película. Le cayó la Magnitsky Act y prácticamente nadie ha protestado el gran golpe moral y pecuniario que ha recibido. Y es así porque existe el sentimiento generalizado, dentro y fuera del país, de que lo merecía por haber cometido una serie de delitos, entre ellos fraudes y enriquecimiento ilícito.
Lo que no parece estar igualmente vivo en la conciencia popular es que las actuaciones punibles de Rivas jamás se hubieran dado sin la plena cooperación, activa o pasiva, de sus mandos superiores. Incluso, hay pie para afirmar que el autor intelectual, y primer responsable de los delitos cometidos por Rivas, es el comandante presidente. Veamos.
Rivas actuó, en su puesto de presidente del Consejo Supremo Electoral, como peón de Ortega. Nadie es tan ingenuo como para creer que presidía un poder independiente del Estado, Daniel lo escogió y lo mantuvo en su puesto. En ningún momento sabemos que le hubiese llamado la atención por su conducta. Rivas no actuó solo. No se le salió de la manga. No se libreteó. Siguió fielmente las directrices que le venían de arriba y orquestó así los horrendos fraudes electorales, la arbitraria privación de personería a los partidos opositores, y las sanciones a los diputados disidentes. Por eso fue perpetuado en su puesto y premiado a manos llenas.
Que Rivas se enriqueció en una manera visible, ostentosa y escandalosa es algo que nadie puede negar. Todos lo veíamos y Ortega mejor que nadie. ¿Acaso el comandante pensaba que los jets, mansiones, porches, mercedes y propiedades de su subalterno venían de su salario, o de sus fincas de café? Él sabía la verdad y por su posición, e informaciones, estaba en mejor posición que nadie para saber el origen de esa fortuna inexplicable. Y si nos preguntamos de dónde venían esos fondos, ¿No es acaso obvio que procedían del erario?
Era pues un robo a la nación, delito que Rivas solo podía cometer con la venia, complacencia, o activa complicidad de arriba. No hay otra posibilidad.
El silencio, la actuación de Ortega y su gobierno después del destape de la Magnitsky Act, es la mejor prueba de lo afirmado. Si ellos estuviesen convencidos de la inocencia del sancionado, si estuviesen claros que el señor no es corrupto, hubieran salido inmediatamente en su defensa. Es lo que se hace ante una acusación injusta al empleado o al amigo: mostrar, con papeles y pruebas en mano, que todo es una infamia; que el sancionado no merece semejante desprestigio y castigo. Y si es que Rivas hubiese delinquido a espaldas de sus jefes, hace muchas horas que lo hubiesen destituido o denunciado.
Pero no. El gobierno calló y sigue callado. Peor aún; no ha permitido que la Contraloría o el Ministerio Público lo investiguen. La razón es única y contundente: no puede defenderlo y tampoco investigarlo. Porque sabe que el señor en cuestión es culpable y que investigarlo sería destapar la caja de gusanos donde tantos saldrían implicados. Lo que quizás no sabe, o lo sabe y no sabe qué hacer, es que al callar se implican ellos mismos.
Porque, de nuevo, Rivas es un funcionario que tuvo que haber actuado con la plena complacencia —y quizás apoyo— de quienes conocían sus actos delictivos.
Resumiendo: si Rivas es corrupto, también lo son quienes apañaron su corrupción. Si delinquió, también lo hicieron sus cómplices. Si mereció la Magnitsky Act, también la merecen ellos.
El autor fue ministro de Educación y pronto publicará un libro sobre la historia de Nicaragua.