La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), recomendó a los Estados implementar una política integral de protección para los defensores de derechos humano.
Esto porque la CIDH “ha recibido de forma consistente información que da cuenta de asesinatos, amenazas, hostigamiento, criminalización, así como de otras violaciones de derechos humanos perpetradas contra personas defensoras de derechos humanos como represalia por sus actividades”.
Lo anterior lo señala la CIDH en el resumen ejecutivo del informe Políticas integrales de protección de personas defensoras.
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Esa Comisión indica que de acuerdo a la información aportada por organizaciones de la sociedad civil con datos de 2016, tres de cada cuatro asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos en el mundo, ocurrieron en la s Américas.
Y explica la necesidad de una “política integral de protección”, que es “parte del reconocimiento de la interrelación e interdependencia de las obligaciones que tiene el Estado para posibilitar que las personas defensoras puedan ejercer en forma libre y segura sus labores de defensa de los derechos humanos”.
Uno de los mecanismos de protección más recientes retomados fue el que orientó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)para el Estado de Nicaragua en el caso Acosta.