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Tres nicaragüenses y dos venezolanos acusados en Panamá de extorsión fueron liberados tras comprobar que en realidad eran víctimas de trata de persona. LA PRENSA /CORTESÍA

Los tres nacionales víctimas de trata en Panamá (de derecha a izquierda) Yamil Moreno, Pedro Acevedo y Yasser Soto, junto a dos venezolanos y abogado Manuel de Jesús Ávila . LA PRENSA/CORTESíA

Nicaragüense víctima de trata narra el calvario al que fue sometido en Panamá

Los nicaragüenses fueron engañados en Panamá por un subcontratista venezolano identificado como Rómulo Ledezma, quien aún no es detenido por las autoridades venezolanas y que a su vez laboraba para la constructora panameña Rodsa

Durante nueve meses tres nicaragüenses y dos venezolanos fueron sometidos a intensas jornadas de trabajo de entre quince y hasta veinte horas, durante los siete días de la semana. Ellos eran víctimas de trata de personas en Panamá.

Esto ocurrió en una provincia de Panamá, donde los nacionales junto a los venezolanos muchas veces debieron consumir solo uno o dos tiempos de comida. Durante los dos primeros meses recibieron sardina y pan, como única dieta alimenticia. Mientras dormían casi a la intemperie en una casa comunal del lugar.

Los nicaragüenses fueron engañados por un subcontratista venezolano identificado como Rómulo Ledezma, quien aún no es detenido por las autoridades venezolanas y que a su vez laboraba para la constructora panameña Rodsa.

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Yasser Soto, es uno de los tres nacionales, tiene 20 años, quien emigró en 2015 en busca de mejores alternativas laborales. Los otros dos nacionales son Pedro Acevedo y Yamil Moreno.

Soto relató vía telefónica que los días de esclavitud a los que fueron sometidos en Bahía Hondo, no parecieron ser suficientes para las personas que los estafaron, pues ante los reclamos que estos hicieron a sus antiguos patronos, quienes los denunciaron por extorsión que los llevó a permanecer encarcelados casi seis meses.

Ciudad de panamá. LA PRENSA/ARCHIVO/EFE

Esta situación dejó secuelas en uno de los tres nacionales quien intentó suicidarse en la cárcel, aseguró Lola Barcala, directora de la Fundación X-ella’s, dedicada a apoyar a víctimas de trata de personas. Barcala dijo que falta averiguar porque el Ministerio del Trabajo no investigó la denuncia de los cinco extranjeros.

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Soto comentó que desde el primer día que llegaron al proyecto el subcontratista les quitó el pasaporte, bajo el argumento que tramitaría un permiso para que trabajaran de forma legal. Ledezma les había prometido el pago de 30 dólares por día y a excepción de uno de ellos a quien le ofreció 60 dólares, sin horas extras.

Cuando los nacionales y venezolanos se cansaron de esperar el pago, reclamaron y en una ocasión Ledezma hasta llegó a intimidar a los nacionales con un arma de fuego, relató el afectado.

Construyeron 23 casas

Durante ese período los nacionales que estaban siendo explotados laboralmente construyeron 23 viviendas, como parte de un proyecto de una constructora privada que realizaba obras del Gobierno panameño.

“Trabajábamos desde las siete de la mañana hasta las 12 de la noche y a veces hasta tres de la madrugada y de lunes a domingo”, relató Soto quien explicó que él hacía “de todo, yo hacía mucho atornillar techo, hacer tanques sépticos, (sumideros) a instalar, a chorrear casas, hacer concreto (…) de todo allí; era una casa que comenzábamos de cero hasta terminarla, total hicimos 23 casas en Bahía Hondo”.

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Soto fue el primero a quien Ledezma despidió cuando le insistió en el pago. Pero le retenía el pasaporte. “Siempre me amenazaba que me iba a echar a migración, cosas así”, dijo Soto, quien explicó que como al mes de haberle despedido a él, siguió con el despido de sus compañeros. Luego los pasaportes los recuperaron a través de la Regidora del sector, pues Ledezma desapareció para no pagarles.

Posteriormente tras asesorías con abogados los afectados buscaron un acuerdo con la empresa propietaria de la construcción Rodsa, para que asumiera el pago de la deuda, pues según lo establecido por la ley panameña estaba obligado a pagarla.

Si embargo, en una aparente junta de conciliación la constructora aceptó una cita, pero extrañamente cambió el lugar inicial del encuentro y lo pasó a un hotel local, donde les pagarían cincuenta mil dólares que les adeudaban a los cinco, adonde acudieron sin saber que era una trampa.

Ese día, la funcionaria Dayra Guerra, le entregó el dinero a Soto en representación de los cinco, les hizo firmar un supuesto acuerdo y, salió apresurada. Cuando los trabajadores salían del hotel “estaba la Policía apuntándonos, nos apresan (y) no nos dicen de que nos estaban acusando”. Fue posteriormente que conocieron que los acusaban por el delito de extorsión.

Nos metieron presos porque esa fiscal que nos metió presos tenía familiares en la constructora Rodsa, fue un complot (…) todo lo planearon, cinco meses y 9 días presos”, relata el joven. Allí empezó otro calvario para los nacionales.

“Estar detenido es algo feo, es algo que uno nunca ha visto, en la cárcel es una parte donde se ve violencia, se ve droga, se ve que si te metes con alguien te va a matar, allí por un dólar te arrancan un diente, si no pagás, (… ) yo dormía como a dos metros del suelo en una hamaca, que se podía reventar y me podía matar”.

Las gestiones efectuadas por defensores de derechos humanos y en especial la Fundación X-ella’s, de Panamá, que logró que los nacionales fueran escuchados por la Procuradora General de la República, fue que permitió que fuesen puestos en libertad en febrero pasado. Ahora están en un centro de la fundación donde les brindan tratamiento.

Casos más frecuentes

Lola Barcala, abogada y directora ejecutiva de la FundaciónX-ella’s, de Panamá, dijo que la explotación laboral es en lo que más caen las personas que emigran voluntariamente. En el caso de los nicaragüenses la explotación está concentrada en el campo para los hombres y para servidumbre doméstica las mujeres.

Según Barcala los tratantes se aprovechan de la necesidad e ingenuidad de las personas. Esto pasa sobre todo con las víctimas de explotación sexual.

Barcala instó a las víctimas a no tener miedo a denunciar pues aunque indocumentados la ley panameña les protege a no ser detenidos.

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