El pasado 23 de febrero de 2018, el prestigiado diario LA PRENSA publicó una nota informativa titulada Derrumbe parcial de hotel en playa Popoyo de Tola expone a turistas, redactada por Martha Vásquez Larios, en la cual se vierte mucha información equivocada sobre el Hotel Magnific Rock y el personal que lo administra, lo cual perjudica de sobremanera las operaciones de esta empresa turística.
La nota periodística menciona el derrumbe de dos habitaciones del Hotel Magnific Rock y que otras habitaciones podrían caer hacia la costa, exponiendo a los turistas, debido a que las corrientes de agua provocadas por las lluvias de octubre pasado socavaron las bases de la construcción, lo cual es completamente falso y esto puede ser constatado por personal de LA PRENSA . Aclaro que ninguna habitación del hotel se ha derrumbado en lo absoluto, salvo un rancho de paja que cedió ante la lluvia. Lo único que es real son las afectaciones de las lluvias ampliamente publicitadas a nivel nacional, sobre el área aledaña al hotel, para lo cual ya fue contratado un equipo de especialistas competentes, quienes con obras de ingeniería civil darán soluciones adecuadas para brindar la seguridad necesaria a nuestras edificaciones, ante una eventual fenómeno climático que traiga fuertes lluvias a esta zona.
Cabe destacar, que la entidad mercantil Paraíso del Sur, Sociedad Anónima es la propietaria del Hotel Magnific Rock, sociedad perteneciente a inversionistas australianos, debidamente constituida y en cumplimiento de la legislación nicaragüense, a su vez, arrendatarios de la comunidad indígena de Salinas de Nahualapa, en el municipio de Tola, Rivas.
En la nota de la periodista Vásquez, se afirma que el “presunto” dueño de la propiedad, el señor Jackson Rowland, enfrenta demanda en los Juzgados por obra ruinosa y usurpación de propiedad privada. Sobre esas dos afirmaciones me permito aclarar lo siguiente: en primer lugar, tanto la sociedad como sus accionistas no son dueños de las tierras donde se asienta el hotel, sino que son arrendatarios de la comunidad indígena de Las Salinas de Nahualapa. Y en segundo lugar, ni la sociedad ni sus propietarios enfrentan demandas en el sistema judicial de Nicaragua por obra ruinosa ni de usurpación de propiedad privada, tal y como lo afirma la periodista Vásquez en su artículo. Y esto también puede ser constatado por LA PRENSA ante las instancias correspondientes del sistema judicial de Rivas o Managua.
Tampoco es cierto que el abogado Guillermo Palacios, quien dice representar legalmente a Marisol Tardy de Sabry Grosheaeny, interpuso demanda en la vía civil contra el señor Rowland por obra ruinosa en los Juzgados de Rivas, hecho que su corresponsal o editor pudieron haber corroborado en las instancias judiciales antes de haber publicado el artículo. Es de nuestro conocimiento que las personas que el Diario menciona mantienen un litigio legal por otros temas ajenos al tema abordado en el artículo.
Reitero que el inmueble donde fue construido el Hotel Magnific Rock es propiedad de la Comunidad Indígena de las Salinas de Nahualapa, la cual ostenta títulos reales de más de 200 años, dentro de zonas protegidas, tanto por la legislación nacional como el Derecho Internacional.
Considero que mientras esa información errónea permanezca en el sitio web de LA PRENSA, seguirá causando alarma entre nuestros huéspedes y perjudicando las operaciones del hotel. Por lo tanto, solicito respetosamente se nos brinde la oportunidad de aclarar en su prestigioso Diario sobre los temas en los que nos mencionan para tranquilidad y respeto a nuestros huéspedes y clientes, a quienes nos debemos.
Juan José Tórrez, administrador Hotel Magnific Rock
Respuesta de la periodista
Envío saludos cordiales al señor Juan José Tórrez. Lamento que haya dejado pasar 32 días para dar su versión sobre los señalamientos del derrumbe del hotel que administra, a pesar de que yo los busqué personalmente en el Hotel Magnific Rock, donde me hicieron esperar casi una hora, porque dijeron que el señor Jackson Rowland estaba en una reunión y finalmente me mandaron a decir que “no hablaría”.
Sin embargo, pedí a la recepcionista del hotel un número al cual llamarlos por si cambiaban de opinión y decidieran hablar. La joven amablemente me dio una tarjeta y el número celular de Juan José Tórrez, gerente del hotel, y me explicó que él manejaba esos asuntos porque “el señor Rowland no habla mucho español”.
En busca de su versión llamé al señor Tórrez más de tres veces, a su celular. Hablamos y le dije que podía asignar a su abogado para que hablara del tema si no querían hacerlo ellos mismos y el señor Tórrez dijo que lo consultaría con su jefe. Le volví a llamar, le mandé mensajes de texto a su celular para saber la respuesta y él fue claro en decirme que no iban a hablar nada.
Luego el señor Tórrez me llamó diciendo que “había personas que sabían muy bien de la historia de las tierras” y yo le pregunté que si lo que dijeran esas personas lo podíamos tomar como versión, pero dijo que no. De todas maneras le dije que el tema se iba a publicar.
En este Diario somos respetuosos del derecho de las partes involucradas en una noticia, a expresar sus puntos de vista. Yo cumplí con todos los requisitos, de lo contrario no se hubiera publicado la información. Incluso incluí en la nota informativa que ya habían llegado ingenieros civiles a revisar la zona de derrumbe, por información brindada por los trabajadores del hotel, buscando el balance en la información.
Las demandas judiciales se pueden ver fácilmente en los expedientes electrónicos de los Juzgados y la denuncia en Alcaldía, Sinapred, Marena. Llo único que pedíamos era su versión.
Martha Vásquez Larios, redactora de Ámbitos.
Control a redes sociales
Cada día al pueblo de Nicaragua le violan sus derechos constitucionales y humanos. Ahora la dictadura orteguista quiere controlar las redes sociales como controlaban los medios de comunicación en los años ochenta durante la primera dictadura sandinista, cuando un equipo del Ministerio del Interior (Minint) revisaba lo que los periódicos y demás medios de comunicación tenían que publicar o decir.
Ahora se puede revivir esa situación con el control a las redes sociales que pretende realizar la actual dictadura sandinista, en abierta violación a los artículos 66 y 67 de nuestra Constitución Política que literalmente, expresan lo siguiente: “Artículo: 66. (Derecho a la información). Los nicaragüenses tienen derecho a la información veraz. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea de manera oral, por escrito, gráficamente o por cualquier otro procedimiento de su elección”. “Artículo: 67 (Derecho de información como responsabilidad social). El derecho de informar es una responsabilidad social y se ejerce con estricto respeto a los principios establecidos en la Constitución. Este derecho no puede estar sujeto a censura, sino a responsabilidades ulteriores establecidas en la Ley”.
Las redes sociales son un medio por el cual los ciudadanos buscamos información política, social, religiosa y económica, pero ahora la dictadura sandinista hasta este derecho nos quiere confiscar al mejor estilo de las dictaduras de Raúl Castro, de Cuba, y la de Nicolás Maduro, en Venezuela.
Los nicaragüenses no podemos seguir permitiendo que esta dictadura siga haciendo y deshaciendo en nuestro país, y de inmediato hay que recurrir de inconstitucionalidad cuando sea aprobada la Ley que controla las redes sociales.
Máximo M. Castillo (mexicano).
Aclaración sobre cobro de comisión en Banpro
En la infografía que acompañaba la nota Crece apetito por los adelantos de salario, publicada en la sección Activos de la edición de LA PRENSA del pasado 13 de marzo, se señaló por error que el Banpro cobra una comisión de 6.5 por ciento por cada adelanto salarial. Lo correcto es 4.5 por ciento.
Pedimos disculpas por los inconvenientes que pudimos haber causado con el error mencionado.
Mabel Calero, redactora.