Uno de los diez nominados al Global Teacher Prize —premio que se otorgará este 18 de marzo y es considerado el Nobel de la Educación— es un colombiano que enseña sobre sexualidad y ha logrado que sus estudiantes usen métodos anticonceptivos, bajando así la cantidad de embarazos entre sus estudiantes de 80 en el 2013 a uno en la actualidad.
Esta noticia nos muestra la importancia de la educación integral en sexualidad para niños, niñas y adolescentes y nos reta a ver este asunto más allá de aquella idea retrógrada que asegura que al brindarles este tipo de educación solo les estamos abriendo las puertas para que inicien relaciones sexuales a temprana edad.
Es un hecho que los adolescentes están experimentando su sexualidad o, en el peor de los casos, están siendo inducidos a prácticas sexuales sin su pleno consentimiento y sin contar con la información necesaria para prevenir embarazos no deseados y varios tipos de enfermedades.
La educación integral en sexualidad es parte de los derechos sexuales y reproductivos, los cuales, a su vez, están reconocidos como derechos humanos, en el entendido que el ejercicio efectivo resulta indispensable para el desarrollo integral de las personas y para el logro de la justicia social.
Pareciera que estamos ante una afirmación exagerada y fuera de lugar, pero no puede ser menos acertada porque, en términos generales, el ejercicio de estos derechos está relacionado con la prevención de la violencia sexual, a prácticas sexuales seguras, a la prevención de embarazos no deseados y enfermedades, y eleva las posibilidades de llevar a cabo un plan de vida.
En Nicaragua tenemos dos realidades que desde hace mucho tiempo deberían ser una alerta para abordar la educación integral en sexualidad como una política de Estado, que se impulse seriamente, a nivel nacional, con docentes, con estudiantes, en las escuelas para padres y en las comunidades.
Por un lado, tenemos la segunda tasa más alta de embarazo en adolescentes (por cada 1,000 mujeres que dan a luz 92.8 están en el rango de 15 a 19 años) y por otro estamos frente a una epidemia silenciada y desatendida de abuso sexual (8 de cada 10 delitos de este tipo son cometidos contra niñas menores de 14 años).
Esta realidad no cambiará mientras la sexualidad no sea colocada como un eje central del desarrollo humano.
El Estado debe atender los resultados de una reciente encuesta de CID Gallup, que muestran que el 84 por ciento de nicaragüenses con hijos en edad escolar está a favor de la implementación de la educación sexual obligatoria en los centros de estudio.
Pese a que Nicaragua ha suscrito varios compromisos regionales para expandir la educación integral en sexualidad, la implementación de esta se ha limitado a aspectos biológicos, sin el enfoque de derechos humanos necesario.
Uno de los acuerdos suscritos por Nicaragua es el Consenso de Montevideo, donde se compromete a “asegurar la efectiva implementación de programas de educación integral para la sexualidad, reconociendo la afectividad, desde la primera infancia, respetando la autonomía progresiva de la niñez y las decisiones informadas de adolescentes y jóvenes sobre su sexualidad, con enfoque participativo, intercultural, de género y de derechos humanos”.
No me atrevo a plantear en este artículo una división de temas según edades, pero a grandes rasgos se puede señalar que la educación integral en sexualidad es válida y necesaria en tanto:
• Ayuda a los niños y niñas en edad preescolar a conocer sus cuerpos y evitar que estos sean abusados.
• Contribuye al desarrollo de personalidades con autoestima y seguras de lo que quieren en la vida.
• Garantiza la toma de decisiones de manera informada y apegada a los deseos individuales, pero sin menoscabar los derechos de terceros. Es decir, respetar y hacerse respetar, requisito básico para evitar la violencia.
• Sienta las bases para un contexto de no discriminación por género, sexo, preferencia sexual, estado de salud (incluyendo embarazo, ITS o VIH), forma de vestir, apariencia física, etc.
• Empodera a los adolescentes para cuidar sus cuerpos y decidir sobre estos con responsabilidad.
Tenemos la evidencia en nuestras narices. ¿Qué estamos esperando para actuar?
La autora es directora de Ipas Centroamérica, organización no gubernamental que trabajo en pro de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas.