Monseñor Silvio José Báez, Obispo Auxiliar de Managua, uno de los usuarios de redes sociales desde su misión pastoral más reconocido del país, fue uno de los primeros en el país en rechazar la intención del Ejecutivo, en querer controlar el uso de la información en las redes sociales, pues considera que si al Estado se le permite ejercer el control de la información terminará “imponiéndose sobre las personas y las familias por la fuerza”.
El jerarca católico de la Orden Carmelita, asegura estar consciente de los abusos y delitos que se cometen en el espacio cibernético, pero advierte que tampoco eso justifica que se censure o se intervenga el uso de las redes sociales. Él propone el camino de la educación preventiva más que el del derecho sancionador.
Por otro lado, el prelado asegura que uno de los riesgos más grandes que se presenta en este debate del uso de las redes sociales, en una intención por controlarlo, es ¿cuál sería la autoridad que realizaría el juicio moral sobre la información en las redes y desde cuál referente ético el Estado pretende decidir lo que es bueno o dañino para cada persona o familia?
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El Obispo Báez ante la polémica que se ha desatado en Nicaragua por el uso de las redes sociales, y en la que el gobierno del presidente designado por el Poder Electoral, Daniel Ortega, pretende controlar el uso de la información en el ciberespacio a través de reformas a varias leyes, plantea varias sugerencias para enriquecer el debate o propuesta del gobierno de Ortega.
En una de estas sugerencias, monseñor Báez exhorta al Estado a abrirse al tema irrestricto de la información pública, ofreciendo la versión pública de sus funcionarios y promover un debate de altura, permitiendo que sus funcionarios públicos den entrevistas y respondan a las inquietudes de la sociedad.
Monseñor Báez el Estado ha propuesto la regulación de la información falsa en las redes sociales. ¿Debe el Estado ejercer el control del uso de la información en las redes sociales?
Creo que el Estado no debe controlar ni censurar las redes sociales, pues se corre el riesgo que termine limitando la libertad de expresión; tampoco debe erigirse como árbitro moral de las personas y de las familias, pues aquí también se corre el riesgo de imponerse sobre ellas por la fuerza. Dados estos riesgos pienso que no conviene ningún tipo de intervención estatal en este campo, aún revestida de intenciones éticas. Yo soy de la opinión que el camino más eficaz a seguir es el de la educación preventiva y el de la autoregulación a través de códigos de ética y no el del derecho sancionador que podría llevar a violar el derecho a la libertad de expresión que estipula la Constitución.
¿Es fácil controlar la información que circula por las redes sociales?
Cuando se habla de regular el uso de las redes sociales hay que tener en cuenta la dimensión teconológica. Es prácticamente imposible ejercer control sobre las plataformas digitales de las redes sociales, a menos que estas sean intervenidas totalmente, con la consecuencia de afectar la comunicación libre y con el riesgo de llegar a bloquearla eventualmente. La medicina sería peor que la enfermedad. No es tan sencillo. Tengamos en cuenta que en este asunto entran distintos agentes o factores, como las compañías internacionales que gestionan las redes a nivel mundial, los proveedores nacionales del servicio de internet, el funcionamiento de los equipos, los usuarios indivuales o corporativos, etc. En referencia a los llamados delitos informáticos, dada la complejidad de estas nuevas tecnologías, habría que revisar el marco jurídico actual en materia penal y dotarse de capacidad investigativa con mayor tecnología. Todo esto supone además abrir una consulta con los técnicos en la materia. Pero siempre salvando la libertad de expresión de las personas, porque siempre este es el derecho de las personas que se pone en riesgo.
¿Qué riesgo se corre que el Estado ejerza el control de la información de las redes sociales?
Una interrogante fundamental y uno de los riesgos más grandes que se presenta es establecer quién sería la autoridad que realizaría el juicio moral sobre lo publicado en las redes y desde cuál referente ético el Estado pretende decidir lo que es bueno o dañino para cada persona o familia. El Estado de por sí no es creador de la moral ni juez de la verdad, ni se le puede aceptar como árbitro nacional que decide lo que es bueno y lo que es malo. Yo creo, insisto, que lo mejor es que el Estado sea un facilitador, en la elaboración de un código de ética para internet y otros medios de comunicación, realizado por los mismos usuarios.
¿Monseñor, pero si es una realidad que a través de las redes hay delitos, calumnias contra la honra de las personas ¿qué recursos se pueden emplear para evitar estos delitos en el ciberespacio?
Ciertamente hay abusos y verdaderos delitos en el espacio cibernético, pero esto no justifica que se regule, censure o intervenga de algún modo en el uso o contenido de las redes sociales. Abusos y delitos hay también en los medios de comunicación tradicionales. Habría que revisar cómo está funcionando el marco jurídico en materia penal en el país y actualizarlo de cara a los delitos de las nuevas tecnologías. Estos recursos jurídicos se podrían aplicar para penalizar, hasta donde sea posible, a los responsables de tales actos reprobables en las redes. Además, las mismas redes sociales ofrecen mecanismos de denuncia o de bloqueo. Todo esto salvando siempre el derecho constitucional de la libertad de expresión.
Mucha información que se genera en las redes sobre la función pública estatal se debe a la política de secretismo que tiene el Estado, ¿qué debe hacer el gobierno?, ¿cree usted que debe cambiar su política de comunicación y conceder acceso irrestrico a la información pública?
Una prioridad para el Estado podría ser más bien cambiar su política de comunicación: conceder acceso irrestricto a la información pública, no guardar silencio en la gestión de las crisis sino intervenir con prontitud y claridad para ofrecer la versión oficial y promover un ulterior debate de altura, permitir las entrevistas a todos los funcionarios públicos, quienes deberían responder a todas las inquietudes de la sociedad, etc. Esto ofrecería a la población un flujo de información tal que relativizaría mucho la necesidad de explotar en las redes, pero teniendo en cuenta que todo personaje y organización de carácter público siempre están sujetos a la crítica.
¿Debería el Estado implementar un proyecto de educación para el uso de las redes sociales?
El Estado además podría implementar una política nacional de educación sobre el uso de internet y de las redes sociales. En primer lugar, sancionando las noticias amarillistas, la nota roja y el lenguaje vulgar de algunos de los medios televisivos y radiales. En segundo lugar, organizando seminarios y talleres a diversos niveles, pero sobre todo en los planes de educación primaria, secundaria y universitaria, que pongan en evidencia el valor social de las redes, ayudando a descubrir a las personas todos los recursos científicos y culturales de los mismos, promoviendo la creatividad y la innovación, enseñando cómo usarlas con respeto y decencia, buscando el bien común y diciendo siempre la verdad, pero sin perder jamás el espíritu crítico frente a la realidad social y política. En cuanto a las familias, no se puede ignorar el riesgo de las nuevas formas de comunicación social para los menores y la responsabilidad ineludible de los padres de familia frente a este fenómeno. Sin embargo, lo ideal en la educación familiar no es la simple prohibición, sino que los padres de familia asuman su responsabilidad de que la familia sea «la primera escuela de los valores humanos, en el que se aprende el buen uso de la libertad» (Amoris Laetitia, 274), sin presión ni intromisión de nadie fuera de la familia.
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Pero está claro que el uso de las redes sociales conlleva a que lo utilicemos con responsabilidad, ¿cómo debe actuar el usuario que usa las redes sociales?
Lo ideal de la práctica ética en personas maduras es la “autonomía” (ley en la persona misma) y no la “hetero-nomía” (ley impuesta por otros). Hay que propiciar una ética de la responsabilidad. Lo que habría que lograr de modo preventivo, por medio de un proceso de educación a largo plazo, es que cada usuario de las redes sociales sea consciente del daño personal y social que puede causar con lo que publica, que se exprese con verdad y decencia, que evite ofensas y calumnias y, sobre todo, que salga del anonimato. ¿Algo ideal? Hay que intentarlo. Es difícil pero no imposible. Hay que orientar la vida desde una moral de la autenticidad personal y responsable, por encima de regulaciones de carácter legalista e impositivo. Autoregulación moral más que derecho sancionador o control estatal. Es más difícil de lograr pero más eficaz, durable y humanizador. En este sentido el papa Francisco en su Mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales de este año ha puesto de manifiesto que frente a los delitos informáticos y las noticias falsas es la reeducación de las personas: «El mejor antídoto contra las falsedades no son las estrategias, sino las personas, personas que, libres de la codicia, están dispuestas a escuchar, y permiten que la verdad emerja a través de la fatiga de un diálogo sincero; personas que, atraídas por el bien, se responsabilizan en el uso del lenguaje».