Chile es el primer país latinoamericano que se está planteando, en una década, alcanzar el nivel de los países desarrollados, no solamente en términos de ingreso por habitante sino también en madurez institucional y democrática.
Ese es el tema precisamente de un notable libro, La Segunda Transición, de un prestigiado chileno, Alejandro Foxley, quien fuese Ministro de Hacienda durante la primera transición chilena, durante el gobierno del presidente Aylwin (1990-1993), que sucedió al régimen autoritario (dictatorial, en verdad) de Pinochet.
En una ocasión, cuando trabajaba en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), invitamos a Foxley a un seminario para examinar la relación entre institucionalidad y desarrollo. Recuerdo que Alejandro, siendo economista, desarrolló el tema de Estado de Derecho como factor de competitividad. Lo dijo en términos muy sencillos: a mayor Estado de Derecho más competitividad, porque con mayor Estado de Derecho habrá más inversiones, y a más inversiones más tecnología y más productividad. Y lo dijo también en sentido brutal: a menos Estado de Derecho las inversiones exigirán mayor tasa de ganancia y recuperar la inversión en el menor plazo posible, pues la ausencia de Estado de Derecho impide seguridad y previsibilidad jurídica a mediano y largo plazo.
Como es obvio, en su libro La Segunda Transición, Foxley se plantea que para alcanzar el nivel de desarrollo Chile requiere consolidar su madurez institucional y democrática, fortaleciendo el Estado de Derecho entre otras cosas con la actualización de leyes y normas, y descentralizando el Estado.
Lamentablemente, en Nicaragua con Ortega hemos andado el camino inverso: de la transición democrática iniciada en el gobierno de Violeta Chamorro, hemos derivado a un descompuesto, en términos institucionales y de corrupción, régimen autoritario.
He recordado el planteamiento de Alejandro Foxley en Chile, por el reciente discurso de la embajadora de los Estados Unidos, Laura F. Dogu, ante una audiencia empresarial. Después de constatar la percepción generalizada que en Nicaragua el Estado de Derecho y la institucionalidad son débiles, señaló que “los inversionistas están claros que el riesgo y el retorno (tasa de ganancia) siempre están ligados…”, agregando:
“Si el nivel de riesgo aumenta, los inversionistas demandarán un mayor nivel de retorno. Y en Nicaragua, el riesgo ha aumentado pero las posibilidades de obtener mayor retorno no se presentan, lo cual la hace menos competitiva”.
En nuestro artículos y comentarios siempre hemos comentado, positivamente, que desde el inicio del gobierno de Ortega el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) adoptó una agenda técnico-económica y una agenda política-institucional, a partir del reconocimiento que una economía de mercado requiere, para su eficacia y sostenibilidad a largo plazo, seguridad y previsibilidad jurídica que solamente la da un Estado de Derecho democrático.
Desde entonces, hemos visto algunos avances en términos de la agenda técnica-económica, pero la realidad ha venido cada vez con más fuerza contrariando la agenda política-institucional: al fraude masivo y documentado en las elecciones municipales de 2008, en que se unificó la oposición, siguieron las elecciones generales de 2011, en que también se unificó la oposición, cuyos resultados (mayoría calificada para el orteguismo), fueron “imposibles de verificar” según las misiones de observación electoral, hasta la cancelación de diputaciones y el impedimento para la participación electoral de la oposición, y todo sobre el trasfondo de un control total de la familia gobernante de todos los poderes del Estado y su correlato de inseguridad jurídica total.
Entonces, después de una década, cabe preguntarse al menos por la eficacia de la agenda empresarial, en materia política-institucional.
El autor es economista.