Es difícil saber cuántos nicaragüenses viven en el exterior. Probablemente nunca lo sepamos mientras no se obligue civilizadamente al Consejo Supremo Electoral (CSE), a su presidente Roberto Rivas, y al propio mandatario Daniel Ortega, a abrir la cedulación en el exterior para que puedan votar esos hombres y mujeres de la creciente diáspora que, según algunos, ya no anda por el veinte por ciento de la población nacional —unos 6.5 millones de habitantes—, sino que supera con creces esta cifra. Para otros, menos conservadores, sueñan y aman, y sufren y viven sus proyectos familiares más allá del terruño pinolero aproximadamente dos millones de migrantes. Lo creo. Pues se trata de la migración forzada más grande de nuestra historia, desde los albores del arribo del sandinismo al poder en 1979.
En enero de 2018 nos reunimos en San Francisco, California, Juan Chávez, un viejo migrante que sueña desde sus vaivenes cotidianos en el ofuscado metro citadino con una comunidad (diáspora, insiste él) sin traumas entre paisanos de adentro y de afuera; Rafael Cárcamo, un joven médico y político liberal apesadumbrado de los desórdenes exitosos de las frecuentes divisiones y artimañas del liberalismo criollo, radicado en Azusa siempre en el vasto estado californiano y quien escribe, para iniciar un movimiento que aporte su granito de arena a ese derecho humano violado prácticamente desde 1990, a esos más de dos millones de ciudadanos nicaragüenses de origen pero desafortunadamente sin identidad, la mayoría de ellos, en el exterior, pues a falta de una cédula, siguen siendo parte del inmenso atlas de indocumentados regados por el mundo, expuestos a la benevolencia humanista de países y gobiernos como Estados Unidos, que desde los años ochenta bajo la administración de Ronald Reagan hasta las actuales expectativas en marcha de la era Trump, han gozado de determinados privilegios o del caso de Costa Rica, donde los niños de padres indocumentados no son expulsados de las escuelas y cuentan con los mismos derechos que los niños auténticamente hijos de esa nación hermana.
Sin embargo, ante la demanda de una nueva corriente mundial migratoria forzada, producto de causas letales como el desempleo, la falta de oportunidades y la imposición de dictaduras podridas (como la actual de Venezuela, que prácticamente se está quedando sola con un pueblo muerto de hambre a consecuencia de su incapacitado Socialismo del Siglo XXI), es lógico pensar que la suerte de tantos ciudadanos nuestros no tendría las mismas oportunidades, y ahí crece más el desamparo y el trunco destino de no contar con una certificación, la que además de hacerlos acreedores legales de una identidad nacional, les legitimaría el derecho a votar en elecciones libres y transparentes, las que no hemos tenido prácticamente desde el año 2001 y en las que los nicaragüenses del exterior no han sabido jamás, lo que es ir a votar, elegir autoridades, participado de esa fiesta cívica, individual, entre sus conciencias y el destino que deseen para su país, desde nuestros consulados y embajadas regadas por el mundo.
Desde 1989, fecha de un acuerdo entre las fuerzas políticas de la UNO y el FSLN previas a las elecciones de 1990, cuando se acordó incluir el voto del exterior, han transcurrido casi treinta años sin que se haya hecho realidad. La causa la conocemos todos: el capricho del sandinismo, temeroso de que ese voto no le beneficie. Pero eso no puede continuar, pues de seguir así se siguen violentando los derechos humanos a quienes por Ley de la República les pertenece ejercer ese derecho. No debe continuar esa traición a quienes dicho sea de paso mantienen a flote a nuestra macroeconomía y alivian muchas calamidades en miles de hogares, con sus remesas.
En el 2006 se llevó a cabo la Gran Convención de Nicaragüenses en el Exterior, en Miami, evento cívico-político de gran trascendencia, y aunque ha habido otras posteriormente, ese fue, en gran medida, un encuentro que logró calcar las realidades y problemáticas más grandes de la diáspora en ese momento.
Lamentablemente, nada de lo acordado en las resoluciones se ha hecho efectivo, en parte por la llegada del gobierno orteguista, que jamás habría impulsado un plan estratégico que pudiera incluir, como ilusamente lo acordaron sus organizadores, entre otras acciones, el cumplimiento de la Ley Electoral y de Identificación Ciudadana, que viola, según la resolución 06-2006, “de forma flagrante y directa los derechos fundamentales del ser humano y, específicamente, los derechos políticos y civiles de miles de hombres y mujeres nicaragüenses residentes en el exterior y aptos para votar, despojándolos, de hecho, de su ciudadanía…”.
Luego, el 15 de septiembre del 2017 se realizó la segunda Convención de Nicaragüenses en el Exterior en Los Ángeles, California, en donde se logró reunir a todas las fuerzas políticas del país y de forma consensuada con la presencia de los principales líderes de la oposición y sus respectivos jefes de bancadas, lográndose firmar para después aprobarse en la Asamblea Nacional, un presupuesto inicial de un millón de córdobas para iniciar la cedulación en el exterior, pero hasta el día de hoy se desconoce el destino final de dicho dinero y en qué lo utilizó el CSE.
Estos derechos continúan violándose, y aunque en parte es culpa y responsabilidad del Estado, también ha habido informalidad y abandono de parte de muchos perjudicados. No obstante esta cedulación y este voto deben permitirse, para dejar de ser una vergonzosa pifia violatoria de sus derechos humanos, el cual no será posible mientras la indolencia nuestra persista, mientras no pensemos ni exijamos los derechos que al ciudadano, al nicaragüense, le pertenecen.
Los autores son directores ejecutivos del movimiento Diáspora Nicaragüense por la Cedulación y el Voto Exterior.