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Imagen ilustrativa. LA PRENSA / Getty Images

Un nicaragüense intenta matar a su expareja introduciendo pastillas tóxicas por su vagina

A pesar de que la víctima y su agresor llevaban dos años separados, este la obligaba a tener sexo periódicamente a cambio de ayuda económica para sus hijos.

En Chinandega una mujer de 31 años y de iniciales Z.H.V.C. se encontraba hasta la noche de este sábado 17 de marzo en estado reservado de salud después de que su exesposo intentara asesinarla introduciéndole pastillas tóxicas (de fosfuro de aluminio) en la vagina mientras sostenían relaciones sexuales. “Delicada, no hay mejora aún”, dijo vía telefónica una hermana de la mujer.

Ahora se encuentra inconsciente en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital España, en Chinandega. Los médicos hallaron residuos de la pastilla en la vagina de la mujer.

A pesar de que la víctima y su agresor Douglas Villanueva, de 43 años, llevaban dos años separados, este la obligaba a mantener relaciones sexuales periódicamente a cambio de ayuda económica para los hijos de ambos, de 3 y 9 años de edad. La víctima nunca pudo denunciar a Villanueva porque este la mantenía bajo amenaza de muerte, según relataron los familiares.

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Hasta el cierre de esta edición, había 14 femicidios en el país. Y que cada vez haya más saña se está volviendo común, denuncian.

Lorna Norori, dirigente del Movimiento Contra el Abuso Sexual, explicó que en este caso “estamos hablando de saña. El cuerpo y la sexualidad de las mujeres son utilizados y manipulados a cambio de dinero; porque efectivamente este hombre la prostituyó primero para obligarla, en vez de pagarle la pensión alimenticia de sus hijos”, consideró.

Magaly Quintana, coordinadora del movimiento Católicas por el Derecho a Decidir, expresó que este “es un acto simbólico de la propiedad del machismo, que refleja lo perverso que es en este país”, dijo.

Quintana asegura que tras esta ola de femicidios están las formas que el Gobierno ha utilizado para violentar los derechos de las mujeres en Nicaragua y la búsqueda de justicia en casos como estos.

Cierre de Comisarías de la Mujer

Quintana indica que el cierre de las Comisarías de la Mujer es una de ellas. Algunas representantes de las organizaciones defensoras de mujeres en el país aseguran que cuando las mujeres víctimas de violencia llegan a interponer denuncias a las delegaciones policiales, sus casos no son prioridad. “El cierre de las Comisarías implica que las mujeres lleguen a Auxilio Judicial —dice Magaly Quintana— y ahí son maltratadas por la misma Policía. Ellas prefieren retirarse y no seguir con las denuncias”.

Reformas a la Ley 779

Magaly Quintana está segura de que cuando la Ley 779 entró en vigencia, en 2012, era una gran herramienta para las mujeres.

Sin embargo, cuando el Gobierno introdujo el reglamento y las reformas a la Ley quedaron desarmadas ante la violencia machista.

Uno de los avances más celebrados de la Ley era la anulación total de la mediación ante los delitos, pero en 2013, con una reforma aprobada por la Asamblea, la mediación fue aceptada para delitos menores.

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“Las distintas instancias como la Policía y el Ministerio Público obligan a las mujeres a mediar con sus agresores”, explica Quintana.

Originalmente, la tipificación del femicidio era desde el ámbito privado y el público, pero un decreto presidencial en 2014 redujo el delito de femicidio al ámbito de relaciones de pareja.

Maquillaje de cifras e impunidad

Para evitar que las estadísticas de los femicidios se engrosen más y más cada año, “el instituto de Medicina Legal y la Policía Nacional empiezan a tipificar muchos femicidios como muertes naturales o como suicidios”, asegura Magaly Quintana, lo que además de reducir las estadísticas, deja impunes los femicidios, sin ninguna acusación en contra.

Quintana cita los casos de Mariela Ramírez, quien fue encontrada ahorcada en su casa. A pesar de que tenía moretones en las manos, en el rostro y el ojo izquierdo hundido y golpes a la altura del costado izquierdo, fue tipificado como suicidio.

También cita el caso de Bellys Pastrán Sequeira, quien presentaba “hemorragia vaginal, golpes en las manos, las rodillas estaban totalmente raspadas y su nariz totalmente quebrada”, según reportó LA PRENSA. Sin embargo, el dictamen oficial asegura que murió por un infarto.

Aborto y represión

Otras dos formas de violencia que el Estado ha tomado contra las mujeres, aseguran los movimientos feministas, son la penalización del aborto terapéutico y la represión ante las feministas y defensoras de los derechos de las mujeres. “La penalización del aborto terapéutico es un gran retroceso. Este es un Estado que no se preocupa por transformar esta cultura machista, obliga a parir a 1,600 niñas que salen embarazadas producto de violación”, dice Quintana.

Además, dice la feminista, “condena a toda mujer que está padeciendo de una grave enfermedad y que ese embarazo pone en riesgo su vida”.

Por otro lado, también denunció las filas de antimotines que el Gobierno envía contra las marchas y protestas, así como las campañas de desprestigio en contra de las líderes feministas y el bloqueo en bancos para que los movimientos reciban cooperación internacional.

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