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presos políticos, Nicaragua, crisis, protestas
/ Editorial

Apremios a la OEA

El Frente Amplio por la Democracia (FAD) envió una carta al secretario general de la OEA, Luis Almagro, en la cual deplora que “habiendo transcurrido un año desde que se suscribiera el Memorándum de entendimiento” con el Gobierno de Nicaragua, no se han podido “apreciar cambios tendientes a devolver a los nicaragüenses el ejercicio de su soberanía”.

En la carta fechada el 15 de marzo corriente, el FAD pide al secretario general Almagro que establezca una misión especial permanente de la OEA en Nicaragua, a fin de darle seguimiento al acuerdo con el gobierno para hacer reformas democráticas al sistema electoral.

El FAD —una coalición política y social opositora de signo democrático, excluida del sistema político orteguista—, considera que una misión especial de la OEA en Nicaragua, “accesible y abierta”, podría potenciar la participación de la ciudadanía y coadyuvar “al logro de un amplio consenso para el establecimiento de un nuevo sistema electoral con plenas garantías democráticas”.

Cabe recordar al respecto que el pasado lunes 14 de marzo, la embajadora de los Estados Unidos (EE.UU.) en Nicaragua, señora Laura Dogu, aludió en un discurso sorprendentemente franco y directo sobre la situación de Nicaragua y sus perspectivas, al acuerdo sobre reformas electorales que tiene la OEA con el gobierno de Ortega.

“Las dudas de los nicaragüenses acerca de las elecciones han conducido a una reducción en la participación en el proceso político y a una disminución de la confianza en las instituciones del país”, expresó la embajadora Dogu. Y agregó: “La OEA vino al país y sin embargo no se puede identificar algún cambio que se haya producido como fruto de su involucramiento. Esta incertidumbre acerca de la sostenibilidad del actual sistema político, a su vez tiene un componente económico”.

Es que el Memorándum de Entendimiento de la OEA con el gobierno de Nicaragua, suscrito el 28 de febrero de 2017, creó la expectativa de que se podría abrir una ruta institucional hacia el restablecimiento del sistema de elecciones libres que estuvo vigente en el país de 1990 hasta 2006, cuando fue pervertido por el régimen orteguista.

Pero la ambigüedad y el extraño secretismo de la OEA en su relación con el gobierno de Ortega, y la exclusión de los actores políticos y sociales independientes y democráticos, han apagado la esperanza de que Almagro pudiera promover la recuperación de la democracia electoral.

A estas alturas más bien se duda que haya una verdadera negociación de reformas electorales entre la OEA y el gobierno de Ortega; y se sospecha que en vez de establecer en Managua una misión especial permanente abierta a los sectores políticos y sociales independientes, como lo pide el FAD, más bien la Secretaría General de la OEA podría estar planeando trasladar las negociaciones a Washington.

Al parecer Ortega está satisfecho porque supuestamente los cabilderos contra la Nica Act en Washington han tenido éxito al lograr que se detenga su trámite en el Senado. Pero esto podría ser un alegrón de burro, como dice el refrán, porque la verdad es que Nicaragua y Daniel Ortega en lo personal no están saliendo del camino de la incertidumbre.

Editorial Estados Unidos Laura Dogu Luis Almagro OEA archivo
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