Opinión | Abuso sexual en la escuela: ¿asunto legal o educativo?



Abuso sexual en la escuela: ¿asunto legal o educativo?

Históricamente, la manifestación de la violencia escolar ha sido matizada por el enfoque pedagógico que abraza las estrategias educativas de turno

23/03/2018

Recientemente se ven en los medios de comunicación las notas de prensa que mencionan la proliferación de los casos de abuso sexual a la niñez en las escuelas del país. Aunque el marco jurídico nacional nos expone la forma en que se deben abordar los casos de acoso, abuso y maltrato a la niñez y la adolescencia, es claro que la prevalencia de estos rebasan la capacidad de las instancias judiciales para el control y prevención del delito, puesto que más allá de las leyes el problema de la violencia está asociado en gran medida a la falta de una verdadera educación, o lo que es formación en valores.

Históricamente, la manifestación de la violencia escolar ha sido matizada por el enfoque pedagógico que abraza las estrategias educativas de turno; por ejemplo, en la década de los años ochenta se educaba bajo modelos conductistas y el “método de la regla” era avalado por los padres y las madres. Treinta años después, en el contexto global de un modelo educativo constructivista-humanista, la Pedagogía de la Ternura ha propugnado el énfasis en la educación de las sensibilidades, abogando por la motivación y el protagonismo de la niñez en el aula.

En Nicaragua, la calidad educativa contiene al interés de la familia por la educación como un factor asociado de primer orden para garantizar el éxito escolar; una familia poco preocupada por la educación expone a la niñez a amenazas que marcadamente les hace vulnerable y la ubica en la mira de la violencia.

Por su parte, la Ley 114 o Ley de Carrera Docente es clara en las sanciones que se deben aplicar en la ocurrencia de faltas muy graves, y el abuso sexual es en sí una tal que contraría gravemente la ética profesional.

En su arto. 25, numeral 5, la Ley establece que un docente es suspendido de su cargo por haber incurrido en delitos establecidos en el Código Penal y haber sido condenado por sentencia firme en los tribunales correspondientes. Lo anterior es complementado por el arto. 32, numerales 3 y 4 de la misma Ley.

Ante la comisión del delito por un docente, la primera acción de la escuela —además de la denuncia— es y debe ser separar al docente de su cargo y prohibir cualquier contacto directo con los estudiantes.

Desde varias fuentes periodísticas se señala que la escuela es el segundo escenario en donde ocurren estos actos aberrantes contra la integridad de niños y niñas, pero lo que queda en evidencia es que aunque se han implementado programas educativos en acuerdo con los principios rectores de la Convención de los Derechos del Niño y la Niña, cualquier ruta educativa de promoción de valores no tendrá éxito alguno si no se estudia la configuración de los nuevos comportamientos culturales que irrumpen el orden social en cualquier comunidad.

Si bien la Ley es correctiva del delito, la educación debería ser preventiva del mismo, pero se trata de la educación que va más allá de la enseñanza, es sobre la educación que forma conciencia, que fomenta la acción positiva, que erradica las conductas violentas y transforma la convivencia en algo socialmente aceptable en un marco de acción individual y colectiva, es pues, la educación que empodera.

La violencia infantil, en sus formas de abuso, acoso y maltrato, trasciende de lo público y de lo privado, de lo escolar y de lo no escolarizado, de lo urbano y de lo rural, y así podemos mencionar otras dicotomías; pero la violencia es omnipresente y polivalente, está en todos los espacios sociales y adquiere distintas formas y antivalores. Por eso es necesario un actuar conjunto, que no sea privativo del Gobierno, que surja como verdadera política pública educativa y de seguridad ciudadana, y sea expresión del bien común tangible.

Consejería de las comunidades educativas es la ruta de Gobierno para educar en valores para una vida armoniosa; pero no debe ser solo la práctica de la escuela, y aunque existen otras estrategias como el Programa Amor, se necesitan mayores esfuerzos para transformar las conductas violentas, en la persona, en la familia, en la comunidad y en la nación entera.

El autor es máster en Educación y Gerencia Social e investigador del Ieepp.

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