La consulta gubernamental para regular las redes sociales genera rechazo y temor en amplios sectores, porque la censura más implacable de la historia nacional —aunque no la única— la aplicó en los ochenta el mismo partido que hoy gobierna al país. Para desactivar la alarma, se alega que aquello ocurrió dentro de lo que llaman (desde la perspectiva sandinista) la guerra de agresión. Pero, en verdad, la censura de entonces precedió a la guerra. Efectivamente, los decretos 511 y 512 (ambos del diez de marzo de 1980) se dictaron antes del comienzo de la guerra civil, sujetaron a censura a toda noticia relativa a la seguridad nacional, y a la economía: ese bozal hermético fue parte clave de la estrategia creadora de una dictadura que duró diez años y medio.
En aras de la memoria, vale recordar que el “internacionalismo proletario” sandinista causó el conflicto aludido —que es invocado sesgadamente para justificar la censura de entonces—. El Frente se empeñó desde su primer día en el poder en apoyar a grupos guerrilleros-terroristas, particularmente en El Salvador, violando contumazmente el Derecho Internacional.
Estados Unidos, inicialmente, dio la mayor ayuda financiera entre todos los gobiernos extranjeros que apoyaron al entonces nuevo régimen revolucionario durante su primer año y tres meses al mando de Nicaragua. Pero en aquellos tiempos de fiebres jacobinas, la dirección sandinista metió al país en uno de los calderos hirvientes de la Guerra Fría: tomó militante partido por el radicalismo, y por el bloque socialista. Mal cálculo.
Eventualmente, Estados Unidos respondió apoyando a la oposición armada antisandinista, aunque previamente advirtió incontables veces al gobierno frentista para que cesara de interferir y agredir “bajo cuerda” a otros Estados centroamericanos. Las acciones estadounidenses fueron subiendo gradualmente, hasta desembocar en un embargo comercial y apoyar (intermitentemente) a la guerrilla anticomunista. En el curso de estas acciones, el gobierno norteamericano también efectuó varios actos contrarios al Derecho Internacional. Aquella guerra, bautizada como “guerra de agresión” en realidad fue una guerra civil y a la vez una “guerra de contención”, guerra indirecta “de baja intensidad” para frenar la agresiva irresponsabilidad internacional de la dirección del FSLN.
Como triste resultado, murieron miles de nicaragüenses de ambos bandos en una lucha que nunca fue por la soberanía nacional, sino para defender a un partido contra los que querían la libertad. (Quien lo dude, que examine en qué sentido sufrió la soberanía de Nicaragua cuando el sandinismo perdió el gobierno, o qué potencia extranjera la ha vulnerado desde 1990 a la fecha). Al final del conflicto, una de las bajas fue la revolución, cuyo termidor se inició aproximadamente desde 1982. Esta, forzada por la guerra, paralizó y revirtió su proyecto estratégico, colectivizar el agro, porque el campesinado estaba engrosando la resistencia antidictatorial. Cuando el sandinismo volvió al poder en 2007 adoptó —más allá de la retórica— la economía neoliberal de los tres gobiernos precedentes, la cual ha rendido frutos incomparablemente superiores a la amarga cosecha socialista de los ochenta.
En suma, el recuerdo de la censura de los ochenta, una política indefendible aunque se quiera reescribir la historia para justificarla como efecto de la guerra, causa legítimas preocupaciones ante la posibilidad de que el bozal reaparezca —adaptado a los tiempos— como parte de una estrategia mayor. Ojalá no ocurra. Mientras haya libertad de comunicación, habrá esperanza para solventar los problemas nacionales cívica e institucionalmente. Es la única forma de preservar los aspectos positivos de cuanto se haya logrado desde 1990 hasta la fecha.
El autor es Doctor (Ph.D). en Estudios Internacionales.