El esquema de cooperación petrolera con Venezuela eliminó en lo fundamental la demanda de divisas líquidas para el pago de la factura petrolera con Venezuela. Esto era así porque el 50 por ciento de dicha factura asumía la forma de un crédito a ser pagado en 25 años con dos años de gracia, y el restante 50 por ciento, tampoco implicaba pago en divisas líquidas.
El petróleo y derivados se comercializaban internamente y del producto de dicha comercialización, el 50 por ciento representado por el crédito petrolero se transfería a Caruna (Caja Rural Nacional), y el restante 50 por ciento a Albalinisa (Alba Alimentos de Nicaragua SA), para comprar los alimentos (carne, azúcar, café y otros) que eran exportados a Venezuela.
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Para una factura petrolera que llegó a superar los mil millones de dólares, el hecho de no tener que pagar en divisas liquidas la factura petrolera con Venezuela significó un alivio extraordinario para las reservas internacionales, que más que compensó la práctica desaparición del apoyo presupuestario general.
Los problemas reaparecen en 2016, cuando Venezuela, en vez de suministrar treinta mil barriles diarios, paso a suministrar solo diez mil, y en vez de financiar mediante crédito el 50 por ciento de la factura, informó que solo financiaría el 25 por ciento. Eso implicó que una gran parte de la factura debía ser adquirida, sobre todo en los Estados Unidos en divisas líquidas, pero además el pago del servicio de la deuda del crédito petrolero ascendió a 175 millones de dólares, pagaderos en divisas liquidas. Ese año hubo una pérdida de Reservas Internacionales Netas Ajustadas (RINAS) de 94 millones de dólares.
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El año pasado las exportaciones se recuperaron con fuerza, lo cual incrementó la oferta de divisas, mientras que la desaceleración de la demanda interna de consumo e inversión se tradujo en un fortísimo debilitamiento de la demanda por importaciones. Además, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgó dos “préstamos de políticas” -de apoyo a la balanza de pagos o de apoyo a reservas por 65 millones de dólares cada uno. También contribuyó una política monetaria y fiscal restrictiva que se mantuvo buena parte del año.
Pero este año la situación pinta difícil. Las importaciones se están recuperando y la factura petrolera está creciendo con fuerza, mientras que el valor de las exportaciones apenas está creciendo. Esto, por sí mismo coloca a las reservas en una posición vulnerable. El fuerte incremento de la factura petrolera, y del porcentaje de la misma que debe pagarse en divisas liquidas, más el hecho de que este año el pago de la deuda con Venezuela ascenderá a 206 millones de dólares -y el servicio de la deuda pública también está aumentando-, conlleva una presión considerable sobre las reservas que, de no ser contrarrestada, implicaría una pérdida de reservas mayor que la de 2016.
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Por otra parte, en lo que respecta a los préstamos de apoyo a la balanza de pagos (en el caso del BID se denominan prestamos de políticas), si se suspende su desembolso, queda desfinanciada la acumulación de reservas. En el Presupuesto de mediano plazo se contempla el desembolso anual de dos préstamos de políticas de 65 millones de dólares en 2017 y luego de un préstamo de 65 millones anuales. Sin embargo, a la fecha, no existe préstamo de políticas aprobado, o en preparación por parte del BID por ese monto, aparte de los dos ya programados y desembolsados en 2017.
Por otra parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) también está recomendando un “ahorro fiscal” del orden de 230 millones de dólares, casi tres veces el monto del déficit del INSS en 2017, por la vía de reducción en las exenciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la reducción de subsidios -léase, está recomendando una mayor acumulación de reservas internacionales por ese monto. El FMI no puede imponer condicionalidad, como en el pasado, pero su evaluación afecta la evaluación de las empresas calificadoras de riesgo, que ahora parece importar más al gobierno. Esto ejerce mayor presión sobre el gobierno, para realizar un severo ajuste fiscal.
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Si estos escenarios se combinan, entonces un draconiano ajuste fiscal será más que inevitable, junto al fuerte impacto contractivo que ello tendría.
El autor es Economista