Decenas de miles de manifestantes pidieron este martes en numerosas ciudades de Brasil que la Corte Suprema autorice el miércoles la detención del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, a seis meses de las elecciones presidenciales en las cuales el líder de la izquierda sigue siendo favorito.
Las presiones se hacían sentir con fuerza sobre el Supremo Tribunal Federal (STF), que deberá decir si Lula tiene derecho a apelar en libertad una sentencia a 12 años y un mes de cárcel confirmada en segunda instancia, por corrupción pasiva y lavado de dinero.
La preocupación se hizo oír desde la cúpula de las fuerzas armadas, vistas por muchos brasileños como un recurso ante la violencia y la corrupción que gangrenan al país, apenas 33 años después del fin del régimen militar.
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En un mensaje vía Twitter, el comandante del Ejército, el general Eduardo Villas Boas, aseguró el martes por la noche “compartir el ansia de todos los ciudadanos de bien, de repudio a la impunidad y de respeto de la Constitución, la paz social y la democracia”. Una declaración que recoge casi sin velos los argumentos de los partidarios de condenar a Lula, frente a quienes invocan el principio de la presunción de inocencia.
Marchas
Tan solo en Sao Paulo, siete camiones de sonido animaron a la multitud, al grito de “Lula nunca más” y aclamaciones al juez Sergio Moro, que el año pasado condenó a Lula en primera instancia. Una sentencia confirmada y elevada luego a 12 años y un mes de reclusión por un tribunal de apelación.
“Queremos que Brasil se libere de esa corrupción vergonzosa, que Lula vaya preso, que Brasil dé vuelta la página”, decía Mara Massa, una empresaria de 67 años, en la protesta.
Otras marchas se llevaron a cabo en Río de Janeiro, Belo Horizonte y la mayoría de las capitales de estados, en su mayoría convocadas por el movimiento Vem Pra Rua, que tuvo un papel activo en la agitación que acompañó en 2016 la destitución de la presidenta de izquierda Dilma Rousseff.
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Los partidarios del líder de la izquierda organizaron concentraciones en Salvador (noreste) y un puñado de ciudades, pero preparan movilizaciones mayores el miércoles. Si el recurso presentado por la defensa de Lula (un habeas corpus) es aceptado por una mayoría de los 11 magistrados del STF, el caso podría extenderse durante años y Lula podría seguir haciendo precampaña electoral. Pero si es rechazado, el líder del Partido de los Trabajadores, de 72 años, podría ser detenido rápidamente para purgar su larga condena por recibir un apartamento de lujo de la constructora OAS, involucrada en el escándalo de sobornos de Petrobras.
Las tensiones subieron varios grados en marzo, cuando dos autobuses de una caravana proselitista de Lula por el sur del país fueron baleados.
En un acto el lunes por la noche en Río de Janeiro, Lula se mostró desafiante. “No acepté la dictadura militar y no aceptaré la dictadura del Ministerio Público y de Moro”, manifestó.
Cualquiera sea la decisión del STF, tendrá una enorme repercusión sobre unas elecciones que se anticipan como las más inciertas desde el retorno de la democracia a Brasil en 1985.
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“No es una exageración afirmar que este es probablemente uno de los juicios más importantes de la historia del STF”, afirmó la fiscal general de la República, Raquel Dodge. Dodge se pronunció igualmente por el respeto de la norma que puede llevar a Lula a la cárcel. La existencia de cuatro instancias de apelaciones es “una exageración que aniquila al sistema de la Justicia, porque una Justicia que tarda es una Justicia que falla”, declaró la fiscal en una reunión con juristas en Brasilia.
La sesión del STF empezará el miércoles a las 2:00 de la tarde (hora local. El máximo tribunal tendrá su esquema de seguridad reforzado. Las calles adyacentes al edificio serán bloqueadas y se colocarán vallas y un cordón policial para mantener separados a los manifestantes, dijo la Secretaría de Seguridad de la ciudad.
La presión sobre los magistrados tuvo nuevos capítulos el lunes, cuando abogados, jueces y fiscales de grupos antagónicos llevaron al STF escritos separados con miles de firmas para defender las dos posiciones en pugna.
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La agudización de los enfrentamientos llevó a la presidenta de la Corte Duprema, Carmen Lucia, a hacer un inusual llamado por la paz social.
Pero el propio STF no es ajeno a la polarización. El caso enfrenta a jueces “garantistas” y a defensores de la Operación Lava Jato, que desvendó una multimillonaria red de sobornos entre empresarios y políticos.
Los 11 integrantes del STF debatirán un caso que, si bien es específico, podría llegar a indicar a los tribunales inferiores un cambio en la interpretación constitucional que permite encerrar a condenados en segunda instancia. La última discusión de este tema terminó con un ajustado 6 a 5 en favor de la jurisprudencia vigente.