Necesitamos una nueva Ley Electoral

Ortega al igual que los “izquierdistas” latinoamericanos no cree en la democracia ni en las elecciones como instrumento de cambio de gobiernos

Ley Electoral, Nicaragua, Daniel Ortega

Es un derecho de todos los ciudadanos votar y poder ser electos para cargos de elección popular en los diferentes procesos electorales. Para participar en los mismos se requiere que existan suficientes garantías. Y para ser válidos y confiables nuestros votos deben ser no solamente contados, sino también respetados.

El Consejo Supremo Electoral ha cometido fraudes evidentes en todos los procesos a partir de las elecciones generales del año 2006, convirtiéndose esta institución en una instancia partidaria y corrupta sometida al régimen, irrespetando, burlando y manipulando la voluntad popular de los nicaragüenses y obstaculizando el desarrollo de una democracia plena en Nicaragua.

Ortega al igual que los “izquierdistas” latinoamericanos no cree en la democracia ni en las elecciones como instrumento de cambio de gobiernos, sin embargo, algunos movimientos de “izquierda” en Latinoamérica que no han podido alcanzar el poder a través de la lucha armada, se han aprovechado de los procesos electorales democráticos para lograrlo, como en El Salvador, Venezuela, Bolivia y Uruguay, y otros como en Colombia insertándose en el sistema democrático del país.

Algunas organizaciones políticas se han pronunciado sobre la necesidad de unas reformas electorales. Yo creo que lo adecuado sería una nueva Ley Electoral que contenga cambios reales y sustantivos, como única forma de garantizarnos a los nicaragüenses que los futuros procesos electorales serán válidos, legítimos y confiables. Una nueva Ley Electoral realizaría cambios estructurales, en cambio una reforma significa que reformamos o cambiamos algunos de sus artículos, porque en otros estaríamos de acuerdo. Hay que recordar que la ley actual fue diseñada por los pactistas Alemán y Ortega creyendo que en Nicaragua iba a prevalecer un eterno bipartidismo.

El actual Consejo Supremo Electoral debe ser sustituido por un Tribunal Nacional Electoral con la debida depuración de toda su estructura administrativa y operativa. Se debe reducir el número de magistrados de siete a tres propietarios y dos suplentes. Los candidatos a magistrados deben ser propuestos por las asociaciones cívicas y los colegios o asociaciones profesionales, debiendo ser estos candidatos personas de reconocida idoneidad de la sociedad civil y no ser miembros activos ni comprometidos con ningún partido político.

Hay que crear el Instituto Nacional de Cedulación y el Registro civil de las personas independientes del Instituto Nacional Electoral, los cuales pueden ser perfectamente autosostenibles mediante los aranceles cobrados por estas dos instituciones.

Las Juntas Receptoras de Voto (JRV) deberán estar formadas por tres propietarios, un presidente y dos miembros con sus respectivos suplentes, nombrados mediante sorteo por los Consejos Departamentales o Regionales del respectivo padrón electoral de cada JRV, y su duración será de tres meses antes de las elecciones y hasta que los electos hayan tomado posesión de sus cargos. En otras palabras, es necesario despolitizar y despartidizar el actual Consejo Electoral y la única forma de hacerlo es con una nueva Ley Electoral.

Esta propuesta de nueva ley electoral obviamente debe ser el resultado del debate y el consenso entre los diferentes partidos y movimientos políticos verdaderamente opositores al régimen, así como de las organizaciones de la sociedad civil.

El 15 de octubre de 2016 la Secretaría de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Gobierno de Nicaragua firmaron un convenio y un acuerdo para “apoyar el fortalecimiento de las instituciones democráticas del país”. Su secretario general Luis Almagro expresó con mucha claridad el 16 de octubre del año pasado: “Cualquier fuerza política que acepte ir a elección sin garantías, se transforma en instrumento del fraude”, y una nueva Ley Electoral representa para nosotros los nicaragüenses esas garantías.

La OEA para ser coherente y consecuente debe apoyar esta iniciativa, así como su aprobación e implementación. Sin las garantías establecidas y ejecutadas en una nueva Ley Electoral, nadie que se considere un demócrata debe participar en ningún otro proceso electoral.

Necesitamos democracia para que los gobiernos estén al servicio de la nación, y no la nación al servicio del gobierno como se encuentra actualmente.

El autor es médico.

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