Nicaragua sigue los pasos de su aliado Venezuela y del vecino Honduras en la aprobación de una Ley que buscaría censurar la libertad de expresión en las redes sociales.
La Ley venezolana, denominada Ley constitucional contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia, establece sanciones penales a responsables de medios de comunicación y de plataformas digitales que promuevan “el fascismo, la intolerancia y el odio nacional”.
Esta iniciativa en Venezuela surgió en agosto de 2017, luego de las protestas ciudadanas que demandaban la salida de Nicolás Maduro del poder, en las que se registraron al menos 120 personas muertas, según las agencias de noticias.
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El régimen de Maduro responsabilizó a la oposición de los actos de violencia y de las muertes. Su propuesta para evitar más violencia fue “acabar con los mensajes de odio social”, recordó este martes la directora ejecutiva del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPSV), Marianela Balbi, entrevistada por LA PRENSA vía telefónica.
Según Balbi, el 5 de noviembre de 2017, el presidente Maduro solicitó celeridad al ministro de Información, Jorge Rodríguez, para que “pusiera orden en los medios y en las redes sociales”.
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Dos días después, el 8 de noviembre, la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente y hermana del ministro de Información, Delcy Rodríguez, anunció la aprobación de la Ley contra el odio.
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“Hay una orden expresa del Ejecutivo, del presidente Maduro, para crear una Ley que se adapte a su deseo de controlar las redes sociales”, dijo Balbi.
Caso de Honduras
En Honduras la iniciativa “contra el odio” se denomina Ley Nacional de ciberseguridad y medidas de protección ante los actos de odio y discriminación en internet y redes sociales.
Fue propuesta a mediados de 2017, pero fue hasta el 8 de febrero de este año que la Asamblea Nacional de Honduras la aprobó parcialmente. Esta Ley debe ser aprobada en tres debates. Esta semana se reanudó la segunda sesión de debates.
La periodista hondureña Thelma Mejía explicó que la Ley fue propuesta en el contexto de las investigaciones de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih), que descubrió el uso indebido de subsidio público de parte de diputados del Congreso Nacional.
Según Mejía, esto generó indignación y crítica contra los diputados en las redes sociales.
“Los diputados se sintieron ofendidos”, explicó.
El caso de Honduras
En la segunda fase de debates en el Congreso Nacional de Honduras, sobre la iniciativa de Ley Nacional de ciberseguridad y medidas de protección ante los actos de odio y discriminación en internet y redes sociales, será escuchado el sector de la sociedad civil y entes privados, según reportó el Legislativo.
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La Asamblea también prometió que se eliminarán “todos aquellos artículos que tengan que ver con la regulación y controles de las redes sociales”.
Pero la periodista hondureña Thelma Mejía aún no canta victoria y dice que “habrá que ver el contenido final de la Ley”.
Atentan contra libertad
Marianela Balbi, directora ejecutiva de IPSV, manifestó que la Ley contra el odio era exaltada por el gobierno de Nicolás Maduro como una promoción de la paz, de la diversidad, la tolerancia, la protección de la infancia, en contra del racismo. Sin embargo, su contenido “es un mecanismo que suprime el libre ejercicio de la libertad de expresión y fomenta la censura y la autocensura a la libertad de expresión, porque le otorga al Estado el poder de sancionar los medios digitales”. Según Balbi, la Ley incluye bloquear sitios de internet.