Representantes de organizaciones ambientalistas, considerados afines al Gobierno, respaldaron que en la reforma a las normas legales que se preparan en la Asamblea Nacional se establezcan controles sobre las redes sociales y haya sanciones penales contra la difamación hacia las personas que se presentan en el internet.
Kamilo Lara, director del Foro Nacional de Reciclaje (Fonare), al salir este martes de la consulta que se realiza en la Comisión de la Mujer del parlamento, expresó que en la revisión de las leyes no puede obviarse, según él, que en las redes sociales se está fomentando “la violencia”.
“No se trata de regular, se trata de establecer más bien controles de la gente que se ha dedicado exclusivamente, falseando nombres e identidades, a promover violencia y situaciones adversas a esa armonía que necesitamos los nicaragüenses”, dijo Lara.
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Otros organismos que participaron en la consulta este martes son el Movimiento Ambientalista Guardabarranco, de Juventud Sandinista; la Fundación Amigos del Río San Juan (Fundar) y el Voluntariado Upoli, pero no brindaron declaraciones.
Por orientación del Ejecutivo la Comisión de la Mujer del Legislativo inició desde el 15 de marzo pasado una revisión de 13 leyes y políticas públicas, entre estas los Códigos de la Niñez y Adolescencia, el de la Familia, la Ley 779 o Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, así como el Código Penal y el Procesal Penal.
No han desistido del control
Inicialmente la vicepresidenta designada por el poder electoral, Rosario Murillo, dijo que se necesitaba modificar el marco jurídico contra “el mundo de las noticias falsas” en las redes sociales, que para ella son “amenazas” para la conceptualización de las familias que hace el Gobierno.
Organizaciones de la sociedad civil y grupos opositores han rechazado esta intervención del Estado, pues advierten que es el intento para coartar la libertad de expresión como la forma en que el Gobierno busca que cesen las denuncias de corrupción y abusos de funcionarios.
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Ese rechazo hizo que los legisladores sandinistas y Murillo cambiaran el discurso al afirmar que la consulta era para fortalecer los valores familiares.
Sin embargo, el objetivo de establecer controles legales a las publicaciones en el internet volvió a ser evidente con la postura de Fonare, a la cual se sumaría la que expresó, hace dos semanas, el representante del Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (Unicef) en Nicaragua, Iván Yerovi, quien pidió tipificar como delito el ciberacoso hacia niños y adolescentes y sancionarlo.
Lara, de Fonare, refirió que si bien se debe denunciar a quienes usan las redes sociales para fomentar la violencia y difamar, también consideró que en las leyes debe haber sanciones más fuertes contra esas acciones.
“El Código de la Familia es moderno, pero debe ajustarse al desarrollo económico, social y tecnológico (…). Las leyes por un lado (deben servir para) promocionar la armonía, pero por otro lado estableciendo las sanciones cuando se están violando las leyes”, dijo Lara.
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El director de Fonare refirió que acciones similares se han adoptado en otros países. “Está pasando en el mundo entero, en Europa, en Estados Unidos, las redes sociales están teniendo un control cuando significa que están promoviendo el terrorismo, están promoviendo la violencia, que están promoviendo la desestabilización del desarrollo de un país”, expresó Lara.
Cosep no asistió
Este martes fueron invitados en la Comisión de la Mujer los representantes del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), pero no asistieron. Era la segunda vez que los citaban. José Adán Aguerri, presidente del Cosep, dijo vía mensaje de texto, que no asistió a la consulta porque tenía compromisos en la embajada de España y de la Unión Europea. Expresó que el Cosep ya había expresado públicamente su posición de estar en contra de la censura y a favor de la autorregulación de los usuarios de las redes. “Y cuando quieran hacer una reforma (legal) la tendrán que presentar y entonces ahí veremos”, dijo.
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Los que sí asistieron fueron los representantes de la Unión Nicaragüense para la Responsabilidad Social Empresarial (UniRSE), quienes expusieron que es importante que los proyectos del sector privado para la erradicación del trabajo infantil y las formas de violencia deben ser tomados como ejemplo, pero no mencionaron el tema de las redes.