Se denomina Producto Interno Bruto (PIB) a la riqueza anualmente generada por cualquier país, a partir de la comercialización y distribución de sus bienes y servicios producidos. En Nicaragua, el PIB, con un crecimiento del 4.7%, correspondió a un escuálido monto de 12.7 mil millones de dólares para el año 2016, desglosado en los cuatro siguientes segmentos: 1) los beneficios netos de los trabajadores del sector informal que no pagan impuestos; 2) los salarios de los empleados del sector formal, después de impuestos; 3) el beneficio empresarial, después de impuestos y mano de obra; y 4) los impuestos recaudados desde los componentes 2 y 3.
Los empleados informales representan el 52% de la Población Económicamente Activa (PEA=3.1 millones de trabajadores potenciales) —de los cuales un 30% reside en el extranjero y contribuye al PIB en un 10% con las remesas familiares— y, aunque no pagan impuestos, absorben solamente del 15% al 20% del PIB. Sin embargo, la mayoría de estos trabajadores obtienen ganancias miserables, pese a que —en conjunto con los desempleados (16% del PEA)—, en la medida que nuestra economía crece, se integran al sector formal y/o empresarial.
Adicionalmente, los empleados formales constituyen el 32% del PEA, para quienes sus salarios netos no representan ni el 15% del PIB, en cambio para la Unión Europea y los Estados Unidos, este porcentaje oscila del 20 al 30%. Por otra parte, el 50% del monto total lo reciben, apenas, el 10% del universo de empleados formales, en contraposición a que el 18% de este segmento reciben el salario mínimo, con el que no se compra ni el 50% de la canasta básica.
Por otra parte, si al beneficio empresarial, que representa la mayor parte del PIB, le restamos los insumos del proceso productivo, conllevaríamos a una sustanciosa ganancia neta, la cual en su mayor parte es controlada por los sectores corporativos: financieros, energético y de la construcción, cuyas utilidades van desde el 20% al 40% del capital de trabajo. No obstante, los empresarios, pese a recibir importantes exoneraciones y privilegios fiscales, afirman que la contratación del salario debe obedecer a las leyes del mercado, y, en consecuencia, se pagan los salarios más bajos de Centroamérica.
Y para completar el ciclo, los impuestos, y las retenciones destinadas a la seguridad social, se aproximan al 20% del PIB; lo anterior, más otros beneficios por gravámenes fiscales fuera del PIB, constituyen el ingreso total recaudado por el gobierno. Cuando dicho ingreso resulta menor que el presupuesto operativo anual de la república, entonces se produce un déficit fiscal, el cual, concurrentemente, es subsanado mediante donaciones, y la creación de deuda interna y externa adicional.
En las últimas décadas, el salario real ha decrecido por la inflación acumulada, debida al incremento de precio de los bienes de consumo. En este sentido, el beneficio real del empleado lo constituyen: su raquítico salario, y las deficientes prestaciones sociales que recibe del INSS y de parte del gobierno. De manera, que si el gobierno aumentase su eficiencia administrativa, los servicios provistos a la población lograrían empleados más competitivos y productivos a nivel nacional e internacional.
Debemos estar conscientes que producimos el menor PIB/per cápita de Centroamérica, y que nuestro desarrollo solo podría provenir del crecimiento —con salud y educación de calidad, e innovación—, de los sectores: agroindustrial y turístico; de la maquila ordinaria y de alta tecnología; y del sector comercial. Todos ellos, apalancados en el desarrollo agropecuario, con irrigación desde nuestros grandes lagos.
Si el Gobierno redujese el gasto público podría crear un modesto fondo para el desempleo; rescatar de la quiebra al Seguro Social; incrementar el presupuesto para una educación de calidad; aplicar gravámenes fiscales competitivos a nivel de la región; y, además, garantizar un proceso de democratización del país, al más corto plazo posible. Todo, con el fin de atraer mayores inversiones que incrementen el volumen de las exportaciones y, en consecuencia, se reduzca la pobreza extrema por el aumento de la recaudación impositiva y el empleo formal. También, de esta manera, el empresariado incrementaría sus beneficios por su mayor productividad y el mayor volumen de la economía.
Actualmente, a los trabajadores les asiste el derecho de negociar, con los empresarios y el Gobierno, una política de incremento salarial razonable y sostenible y una reforma fiscal, que permitan un auténtico crecimiento económico y social para los trabajadores en general.
El autor es ingeniero civil