La lectura que hace Luisa Molina, enlace de la Coordinadora Civil, es que el gobierno de Daniel Ortega pretende el control de la familia, a través de mecanismos que quieren justificar con reuniones las secretarías políticas del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y las “consultas” sobre cambios en las leyes relacionadas con la violencia que se realizan en la Asamblea Nacional.
Al margen de las reuniones que sostiene la Comisión de la Familia del Legislativo con asociaciones, gremios y empresarios sobre las leyes relacionadas con la violencia, el presidente de la Asamblea, el sandinista Gustavo Porras, realiza otras reuniones con grupos afines al orteguismo y en las que no hay acceso a medios de comunicación independientes.
El jueves pasado Porras “consultó” con las secretarías políticas departamentales y municipales del gobernante FSLN y el viernes fue con trabajadoras del sector Salud, según medios oficialistas. Anteriormente hubo encuentros con docentes universitarios y trabajadores por cuenta propia agrupados en sindicatos orteguistas.
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Las secretarías políticas del FSLN propusieron que se les deje involucrarse en los problemas familiares, pues se habló de crear programas “para promover hábitos saludables en los hogares como forma de prevención de la violencia intrafamiliar”, de acuerdo con los medios oficiales.
Quieren control total
Molina, de la Coordinadora Civil, explicó que la familia es el núcleo más pequeño de la sociedad al que no ha podido llegar el control partidario de la pareja presidencial Ortega Murillo, en busca de uniformarla al dominio que ejerce en el Estado.
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Lograr ese total control es lo que Molina ve en la intención en la reunión con las secretarías políticas del FSLN y en las “consultas” de los diputados en el parlamento con la excusa de que se busca reformar las herramientas legales para prevenir la violencia en el hogar y en las redes sociales.
“Ya controlan todos los poderes del Estado, controlan una parte de la sociedad civil a través de los sindicatos (orteguistas), controlan a la gran empresa privada, o mejor dicho son socios, y lo único que falta es el control de la familia”, dijo Molina.
Recordó Molina que las secretarías políticas son la sustitución de los mecanismos de un Estado democrático por uno partidario.
Sin aclarar objetivo
Este viernes concluyeron tres semanas de las “consultas” a las leyes relacionadas con la violencia en la Asamblea Nacional, sin que los diputados de la Comisión de la Mujer aclaren cuál es el objetivo central de las reformas que se preparan.
Por la mañana de este viernes participaron los directores de las ocho escuelas normales del país, quienes propusieron que se reformen los programas del sistema escolar público para ampliar los horarios de las consejerías escolares. También ven necesario que haya más especialistas del Ministerio de Salud y del Ministerio de la Familia en las escuela.
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“Con ellos podemos trabajar con los jóvenes la solidaridad, la convivencia armoniosa y también darles tratamiento a jóvenes que tengan secuelas (de abusos) y comportamientos agresivos”, dijo Arling Calderón, directora general de formación docente del Ministerio de Educación (Mined).
Médicos dan su opinión
La Asociación Médica Nicaragüense planteó en la Comisión de la Familia, con quienes se reunieron este viernes por la tarde, que por ley se prohíba la venta libre del anticonceptivo para la mañana siguiente o PPMS, pues los médicos advirtieron que las adolescentes están abusando de su consumo.
“Proponemos que sea regulada la venta con recetas de la PPMS porque se estima que hay hasta dos millones de venta libre de esta pastilla y supone un alto riesgo para la salud de la adolescente”, dijo Alejandro Pérez, de la asociación.