El presidente designado por el poder electoral, Daniel Ortega, mandó dos nuevas iniciativas de ley relacionadas a las acciones del Estado en contra del lavado de activos, propuestas que serán revisadas en las comisiones de Economía y de Justicia respectivamente, según fuentes legislativas.
Las iniciativas son una nueva Ley de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) la que, de acuerdo al diputado sandinista y segundo secretario de la Asamblea, Wilfredo Navarro, “viene a sustituir a la actual ley” de esa instancia, pero además se le están dando mayores responsabilidades.
La segunda propuesta enviada por Ortega es la “Ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas masivas”.
Ortega argumenta en la iniciativa de la Ley contra el lavado de activos se debe a “la necesidad del Estado de Nicaragua de afrontar con eficacia la evolución de la delincuencia organizada y de tomar en cuenta los modelos aceptados internacionalmente de combate a las amenazas del sistema financiero”.
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De acuerdo a la iniciativa estarán sujetos de la vigilancia y control de la Ley contra el lavado desde los bancos, microfinancieras, puestos de bolsas de valores, sociedades de inversiones hasta entidades no bancarias y empresas que se dediquen al negocio emisión de pagos, compra y venta de moneda, las casas de empeño y préstamo así como casinos, comerciantes de joyas, las cooperativas que se dediquen a la intermediación financieras, entre otros negocios.
Se va a crear una Comisión Nacional encargada de la vigilancia contra el lavado de activos y el terrorismo, a cuyos miembros junto a los del Consejo Nacional contra el Crimen Organizado se les dejará la discrecionalidad de ampliar el listado de sujetos que podrán ser regulados por la nueva Ley.
Según el artículo 9, inciso 3, serán sujetos “cualquier otra persona que natural o jurídica que de conformidad con el artículo 10 de la presente ley, sea designada como sujeto obligado”.
Y en el artículo 10 se indica que el listado será ampliado “en base al resultado de las evaluaciones nacionales de riesgo” que haga la Comisión Nacional y el Consejo Nacional contra el Crimen Organizado.