Almagro y la no reelección

Almagro habla de práctica regional pero es obvio que se refiere a los casos específicos de Costa Rica, Bolivia, Honduras y Nicaragua

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En respuesta a una consulta del secretario general de la OEA, Luis Almagro, la Comisión de Venecia ha dictaminado que la reelección presidencial no es un derecho humano.

La Comisión de Venecia (cuyo nombre oficial es Comisión Europea para la Democracia por el Derecho), es un órgano consultivo del Consejo de Europa integrado por representantes de 61 países, 47 europeos y 14 de otros Estados del planeta, entre ellos 5 de América Latina: Brasil, México, Chile, Perú y Costa Rica.

La misión de la Comisión de Venecia es aconsejar a los países en temas de constitucionalidad a fin de mejorar el funcionamiento de las instituciones democráticas y garantizar la protección de los derechos humanos. Se trata de un organismo internacional muy calificado y su competencia para dar opiniones jurídicas y políticas no solo sobre temas europeos, sino también de América Latina, se desprende del mismo hecho de que cuenta entre sus miembros a autorizados representantes latinoamericanos.

El secretario general de la OEA ha enviado el dictamen de la Comisión de Venecia a la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues los límites a la reelección son para “evitar la perpetuación en el poder y que la democracia se convierta en una dictadura de facto.” “Nadie puede argumentar tener derecho a postularse a una reelección después de un mandato si la Constitución establece lo contrario”, dijo Almagro, en alusión a “la mala y reiterada práctica regional de modificar la Constitución durante el mandato, para buscar la reelección o la posible perpetuación en el poder en sistemas presidenciales”.

El dictamen de la Comisión de Venecia y la decisión de Almagro de trasladarlo a los organismos interamericanos de derechos humanos, son pertinentes y oportunos. Esta iniciativa se relaciona directamente con la problemática histórica de Nicaragua, que sufrió las reelecciones somocistas en el siglo pasado y sufre ahora las de Daniel Ortega, con consecuencias devastadoras para la institucionalidad democrática y la moral política nicaragüense.

Almagro habla de práctica regional pero es obvio que se refiere a los casos específicos de Oscar Arias en Costa Rica, Evo Morales en Bolivia, Juan Orlando Hernández en Honduras, y Daniel Ortega en Nicaragua, quienes han recurrido a maniobras políticas y resoluciones judiciales espurias, para reformar ilícitamente las constituciones y abrirse camino hacia la reelección.
Políticos democráticos y expertos jurídicos de Nicaragua, como la señora Violeta Granera Padilla y los doctores Carlos Tünnermann y Gabriel Álvarez, estiman que Almagro debería incorporar el tema de la reelección en sus negociaciones políticas con Daniel Ortega, de conformidad con el dictamen de la Comisión de Venecia.

Pero es improbable que esto ocurra. Lo que se puede conseguir y hay que presionar para lograrlo, es que los organismos hemisféricos de derechos humanos acojan el dictamen de la Comisión de Venecia; y que dicten resolución y sentencia para que en el futuro nadie más pueda invocar como derecho humano, una vulgar pretensión a la reelección presidencial para perpetuarse en el poder.

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